En el sur del municipio ya hay extorsiones a campesinos a cambio de no robarles burros y chivos

Si resulta agobiante que el “cobro de piso” sea parte de una realidad cotidiana de varios de los mercados de Puebla, más angustiante es que la extorsión ya está alcanzando a las zonas más pobres, las más vulnerables, de la capital del estado. En donde se exigen cantidades de dinero diarias o semanales a cambio de que a familias de labriegos se les permita recolectar madera o sacar a pastorear su ganado.

Y más oprobioso resulta que atrás de los extorsionadores estén coludidos agentes policiacos.

Desde hace varias semanas, en el área colindante entre los municipios de Puebla y Santa Clara Ocoyucan, que es hacia donde se está orientando gran parte del crecimiento inmobiliario, se ha detectado a un grupo de unas 10 personas que se dedican “a peinar” la zona con un solo objetivo: cobrar cuotas que van de los 50 y hasta los 500 pesos a los campesinos dedicados, en su mayoría, al pastoreo de ganado y sembrar pequeñas extensiones de tierra.

A los que recolectan madera, que se usa fundamentalmente para cocinar, les están exigiendo 50 pesos. Si no pagan, les advierten que podrían ser objeto de una agresión.

Mientras que aquellos que tienen ganado les piden 500 pesos, a cambio de no robarles algunos de sus burros, borregos o vacas.

Tal extorsión ocurre en las pequeñas rancherías, colonias y asentamientos irregulares que hay en torno a la junta auxiliar San Andrés Azumiatla y la cabecera de Santa Clara Ocoyucan, que se ubican al sur de la capital.

Lo que pasa en esta parte olvidada de los municipios de Puebla y Santa Clara Ocoyucan es un reflejo de cómo la extorsión se ha convertido en “un cáncer” que alcanza cualquier parte de la sociedad, desde las zonas residenciales, los pequeños y grandes comercios, los mercados populares, los transportistas y hasta los campesinos que sobreviven con un mínimo de recursos económicos.

Una situación triste y exasperante para los campesinos que están sufriendo estos delitos, ya que los invade el miedo y la impotencia de no saber qué hacer. Pero sobre todo sufren el abandono institucional.

En esta semana la noticia más grave fue una balacera en el mercado Morelos de la ciudad de Puebla, un asunto relacionado con el “cobro de piso” y de alto impacto mediático por ser uno de los principales centros de abasto de la capital, además de acumular seis años de continuos hechos de violencia, cometidos por las mafias provenientes de Jalisco y Michoacán.

Pero lo que ocurre en Azumiatla y Ocoyucan no es objeto de atención de nadie. Los disparos al aire, las amenazas cumplidas de golpizas o el robo de ganado no son hechos registrados por ninguna autoridad, ni los medios de comunicación o los partidos políticos. Todo se queda registrado en un silencio agobiante.

Hasta acá no llega la “Estrategia nacional contra la extorsión” que el gobierno de la República echó a andar a principios de año.

A lo anterior se debe sumar que, cada vez que hace su aparición el grupo de extorsionadores, cerca de la zona se detiene una patrulla de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan, cuyos tripulantes no se bajan del vehículo oficial, pero sí observan lo que ocurre a unos metros.

Esa presencia es una especie de advertencia a los campesinos de que, si denuncian los cobros ilegales, la policía no va a estar de su lado.

El grupo que extorsiona es muy conocido en la región. Es la misma organización que es dirigida por una mujer llamada ficticiamente como la diva del cine mexicano María Félix, y que ha encabezado dos gigantescas invasiones de tierras en el sur del municipio de Puebla.

Varios de los miembros de ese grupo están vinculados a un proceso penal por el delito despojo de la Ex Hacienda de San José Zetina. Pero pasan los meses y en el Poder Judicial no avanza el juicio.

Con esos antecedentes, se vuelve entendible por qué los agraviados optan por el silencio y la resignación.

O mejor migran para no perder lo poco que tienen.