Dos equipos de béisbol –uno infantil y otro de adultos— desde principios de este año han sido objeto de extorsiones, o mejor dicho de “cobro de piso”, pues un grupo de invasores de tierras les exigen que paguen una cuota para dejarlos jugar y estacionar sus vehículos, bajo la amenaza de que si no lo hacen van a “desaparecer” sus autos y sufrir agresiones físicas. El expolio del que son objeto los afectados es delicado, pero lo más grave de este asunto es que las víctimas de dicha trama criminal quisieron denunciar y en cuatro ocasiones en la Fiscalía General del Estado (FGE) se negaron a recibir el escrito de demanda e incluso, con todo cinismo, les dijeron “aquí nadie les va a hacer caso”.
Este es un asunto que llama mucho la atención frente a los discursos políticos de los gobiernos de la República y del estado de Puebla que –este año– han echado a andar “la estrategia nacional contra la extorsión”, la cual supuestamente está destinada a frenar el delito de “cobro de piso” que está presente en todos los rincones del país.
Al final lo que se percibe es que tal estrategia se queda, en mucho, solo en el ámbito de la propaganda oficial, pero no en la actuación de las instituciones de procuración de justicia.
O visto de otra manera, mientras Idamis Pastor Betancourt, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), promete combatir la delincuencia y la impunidad, el resto del personal de la FGE actúa y piensa diferente, ya que no se percibe el más mínimo interés de agentes del Ministerio Público y de los miembros de la Policía Ministerial de cambiar la realidad delictiva del estado de Puebla.
Para sustentar la anterior aseveración, los hechos hablan por sí solos: de las más de 40 familias que participan en los equipos de béisbol de los campos de “La Covadonga” y que han sido objeto de extorsión, unas 20 decidieron denunciar ante la FGE, además de solicitar protección urgente a la dependencia.
Los afectados, bajo la asesoría de un despacho de abogados de la Ciudad de México, elaboraron el escrito de demanda y comisionaron a una litigante a representarlos.
La letrada se presentó en las oficinas centrales de la FGE para interponer la querella, pero le indicaron que en ese lugar no les tocaba recibir dicho recurso legal. Tenía que ir –le dijo una mujer en tono amable— a la Fiscalía Regional y ahí, si sería atendida.
En la Fiscalía Regional todavía con un tono explicativo le comunicaron a la abogada que, por tratarse de un asunto “muy específico”, debía presentar la denuncia en la Fiscalía Especializada en Extorsión, misma que se ubica a un costado del edificio del Poder Judicial federal, en la zona de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.
Todo hacía suponer que ahí, en el área especializada, todo caminaría mejor y que habría un trato más profesional. Vaya equivocación.
Un agente del Ministerio Público que, supuestamente es especialista en el combate a la extorsión, se esmeró hasta el cansancio para algo fundamental: no recibir el escrito de demanda de las familias de beisbolistas.
Primer argumento que esgrimió el representante de la FGE: que son muchos los que demandan y no puede hacerse con un solo escrito de denuncia. Exigió que cada uno los afectados se presente a interponer su propio recurso.
La abogada le refutó que ese no era un argumento válido para no aceptar una denuncia. Y además argumentó: muchos de los afectados tienen miedo, pues sus vidas están en riesgo, por lo que sería difícil llevarlos a uno por uno a exigirle a la autoridad que haga su trabajo.
Segundo argumento: que no debían ser muchos los que denunciaran, porque en caso de ganar el proceso legal, sería muy complicado “resarcir” el daño a todos. Una idea que raya en lo absurdo.
Luego de escuchar los dos primeros argumentos, la abogada comisionada le dijo al agente del MP que entonces iba a recurrir a la línea telefónica que se habilitó para denunciar de manera anónima el delito de extorsión.
Tercer argumento: el agente del Ministerio Público, con una alta dosis de realidad, o tal vez de cinismo, le dijo, palabras más, palabras menos: “ahí menos le van a hacer caso”, pues en ese número solo se atiendan denuncias de “extorsión telefónica”.
Y como a los beisbolistas no los extorsionaron por “llamada telefónica”, entonces nadie los va a atender.
Finalmente, la abogada optó por presentarse directamente en las oficinas de Idamis Pastor Betancourt para ver si la fiscal si tiene interés de atender la denuncia de las familias de beisbolistas.
El escrito se presentó a las 11:45 del día, de este 16 de febrero, de acuerdo con el sello de recibido de la FGE.
Los niños ya abandonaron el beisbol
Desde hace varios años, la Fundación Julita y Antonio que es la propietaria de los terrenos de la ex fábrica textil La Covadonga, ubicada en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, al norte del municipio de Puebla, había venido prestando una extensión de 12 mil metros cuadrados para que dos equipos practicaran béisbol.
Una escuadra infantil lo hacía los sábados y los adultos los domingos. Independientemente de las prácticas de entrenamiento.
Los llamados “Campos de la Covadonga” habían salido librados de dos invasiones de tierras que han ocurrido en los últimos tres años, en prejuicio de la Fundación Julita y Antonio que, aunque presentó las debidas denuncias penales, el despojo de los predios de la exfábrica textil sigue vigente con la complacencia de autoridades estatales y del municipio de Puebla.
El pasado 4 de enero, al realizarse el primer juego del año, una mujer identificada como Monserrat N –según el escrito de denuncia que se interpuso ante la FGE— se presentó con las familias de los beisbolistas y les amenazó que, si no pagan 30 pesos por auto cada vez que vayan a jugar o entrenar, entonces no podrán usar los terrenos y mucho menos estacionarse.
Les advirtió que quien se niegue a erogar el dinero, su auto será “desaparecido” y se enfrentará a un grupo de “golpeadores”.
La primera vez se presentó sola, pero la segunda vez ya iba acompañada de dos sujetos, que bajo sus ropas al parecer llevaban armas de fuego. Además de advertir, que habría nuevos cobros.
Para evitar una agresión, pues la mujer siempre usa un lenguaje violento, las más de 40 familias que han recibido las amenazas han aceptado pagar las extorsiones los días 4, 11, 18 y 25 de enero.
Mientras que al equipo de niños mejor se optó por retirarlo de la zona por el peligro que corren los menores. Ahora no tienen donde entrenar y mucho menos jugar.
Todo indica que quienes se dedican a extorsionar son parte del mismo grupo que invadió el resto de los terrenos de la exfábrica textil de La Covadonga y ahora, se dedican a cuidar los predios y ostentarse como los propietarios, pese a que ya hay fallos judiciales que obligan a las autoridades a restituir las tierras la Fundación Julita y Antonio.
Y es que la invasión de tierras ha avanzado y se mantiene impune por obra y gracia de las autoridades de Puebla, que tienen como propósito “no tocar ni con un pétalo de una rosa” a las organizaciones dedicas al despejo de predios.
Tal es el caso de Karina Romero Sainz, la titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla, que se ha negado sistemáticamente a demoler las casas que construyeron los invasores de La Covadonga, pues los inmuebles carecen de permisos municipales, de servicios públicos y no tienen la declaratoria de uso de suelo.
La funcionaria argumenta que no interviene porque hay “amparos de por medio”, pero es la hora que nadie conoce esos recursos legales que, según ella, le impide cumplir con sus obligaciones legales.
