Lo que hoy rodea el caso de Miguel Ángel Celis, “El Animal”, ya dejó de ser sólo un litigio penal. Se convirtió en una prueba de estrés para las instituciones. Y particularmente para el “nuevo” Poder Judicial.
Porque mientras en tribunales se debería hablar de pruebas, derecho y debido proceso, en la calle y en ciertos círculos se presume otra cosa: que ya estaría “apalabrado” el cambio de jueces y magistrados para facilitar una salida. Que el dinero alcanza para doblar voluntades. Que el poder económico no solo compra defensas… sino escenarios.
No existe prueba pública de que eso sea verdad. Pero que se rumore, que se cacaree, que se use como arma de intimidación narrativa, es en sí mismo un golpe directo a la confianza en la justicia.
Y el espectáculo sigue escalando.
Circulan videos donde el apoderado legal de Miguel Ángel Celis aparece utilizando instalaciones del Centro de Justicia de Tehuacán como si fuera su foro de “Ventaneando”, su vitrina mediática, o su propio “museo” de poder, con una galería sin sentido. Esto, más que una falta de respeto, es la normalización del uso político y mediático de espacios que deberían ser sagrados para el Estado de derecho.
Y mientras tanto, crece el ruido político: ¿también ya hay operadores municipales en la órbita de influencia del círculo de Miguel Celis Romero? Hoy no hay prueba pública que lo confirme. Pero cuando esas versiones empiezan a caminar solas, el daño institucional ya empezó.
Aquí es donde el tema deja de ser Celis. Y pasa a ser el Poder Judicial.
Hoy el Poder Judicial vive —o dice vivir— una nueva era. Una etapa donde la sociedad espera, exige y vigila que no se repitan los escenarios de corrupción, arreglos en lo oscuro, justicia selectiva y sentencias negociadas.
Por eso, el Poder Judicial no solo enfrenta una papa caliente jurídica. Enfrenta una responsabilidad histórica.
Tiene que garantizar que la justicia prevalezca. Tiene que blindar el proceso de agentes externos. Tiene que dejar absolutamente claro que los viejos vicios del pasado no existen más.
Porque, en este contexto, cualquier cambio repentino de jueces, cualquier movimiento inesperado, cualquier decisión que no esté sólidamente sustentada… va a generar suspicacias inmediatas. Y hoy la justicia no puede darse el lujo de sembrar dudas.
El mensaje debe ser brutalmente claro: aquí manda la ley. No el dinero. No la presión mediática. No las presunciones de poder.
Si alguien presume que puede comprar justicia, el Poder Judicial tiene hoy la oportunidad histórica de demostrar que ya no es así.
Porque si falla… No sólo pierde un caso. Pierde credibilidad. Y recuperar la confianza pública tarda décadas.
Hoy la justicia tiene que ser muro. Tiene que ser limpia. Tiene que ser intocable.
Porque si no lo es ahora… ¿entonces cuándo?
