Lentos y tortuosos, así son los juicios sobre feminicidio en México.
Y, penosamente, ya está normalizado lo que no debería ser normalizado.
Cuando una mujer es asesinada en el país –y asesinan a 10, en promedio, cada día–, el dolor para su familia es doble o triple.
Y es que además de enfrentar la muerte de su ser querido, después, cuando buscan que se castigue al feminicida, deben lidiar conprocesos judiciales interminables, donde por si fuera poco sufren una revictimización llena de abusos, burlas y humillaciones.
De hecho, todo parece indicar que la apuesta del sistema de “justicia” no es hacer justicia, sino cansar a los deudos de las mujeres asesinadas.
El caso que nos queda más a la mano, pero no el único, y que resume todo lo anterior, evidentemente es el de Cecilia Monzón.
El juicio contra los culpables materiales e intelectuales de su crimen ya cumplió, increíblemente, siete meses y es probable que, para como van las cosas, se alargue mucho tiempo más.
Helena Monzón, la hermana de la abogada y activista ejecutada a balazos el 21 de mayo de 2022, y quien ha estado al frente de la lucha porque se haga justicia, lo ha subrayado: “HOY, 7 MESES DE JUICIO. Nada tiene sentido, si a alguien esto le puede parecer normal que me avise”.
Foto: Especial
Ciertamente, a nadie debería parecerle normal.
Pero por desgracia, lo es.
En todo este tiempo, la familia de Cecilia Monzón ha estado envuelta en un laberinto oscuro y agotador en el que han privado las suspensiones y dilaciones caricaturescas, inexplicables renuncias de abogados defensores, trabas burocráticas, lentitud en los procedimientos de rutina, rumores mal intencionados y todo tipo de burlas y amenazas cargadas de odio, misoginia y violencia de género.
Incluso, han tenido que enfrentar curiosas campañas mediáticas en las que, cómicamente, se pretende vender la idea de que tanto quienes jalaron el gatillo como quien se los ordenó –el priista Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura– son unos pobres corderitos, acusados injustamente del atroz asesinato.
Como he dicho en otras ocasiones:
Tortura sobre tortura, revictimización sobre revictimización…
Bueno, en el colmo, hace unas semanas hubo una audiencia –ya van 67 y contando– en la que se reveló que el Poder Judicial de Puebla perdió durante horas una prueba documental importante (no clave) para el desarrollo del juicio.
Un auténtico viacrucis que nadie, y menos la familia de una mujer asesinada, deberían sufrir.
El sistema judicial tiene no pocas fallas estructurales que a nadie le importa enmendar.
La justicia no es pronta ni expedita, aunque oficialmente el discurso diga lo contrario.
Como lo señala Ana Yeli Pérez, directora de la organización Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF):
“Lo hemos escuchado muchas veces, que la justicia es pronta y expedita. Pero una justicia no puede ser ni pronta ni expedita si dura más de tres años el inicio del juicio, o si no podemos empezar un juicio. No puede ser pronta y expedita si se tiene que reponer tres veces el proceso. No puede ser pronta y expedita si la fijación de audiencias es cada 10 días en lugar de hacerlo de manera concentrada en un día, o en una semana, como se hace en algunos estados”.
El juicio a los responsables del feminicidio de Cecilia Monzón ha sido una cadena de absurdos, desgastes, violencias y revictimizaciones hacia la familia porque las defensas han utilizado todas las estrategias posibles para desgastarlos y alargar procesos de una manera indefinida.
El proceso en general ha sido tardío y lento, y ha estado lleno de fallas administrativas y judiciales estructurales, muchos también descaradamente a propósito.
Uno de los más graves obstáculos es que tanto los investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) como los juzgadores han carecido de perspectiva de género desde el inicio del proceso.
La capacidad investigativa del Ministerio Público es totalmente deficiente y eso alimenta la impunidad.
No voy a entrar en detalles, pero la recolección de pruebas y el trabajo de documentación de evidencias ha sido todo un galimatías; de hecho, de la corrección de muchas deficiencias de las autoridades han debido encargarse Helena Monzón y sus abogados.
Otro tema ha sido la falta de apoyo institucional a la familia, que no siente que haya el suficiente respaldo para que efectivamente se logre castigar a los culpables de uno de los feminicidios con perfil político más graves de los últimos tiempos en Puebla.
Hay una extraña tendencia a facilitar amparos y apelaciones de los acusados. Facilidades que no se observan, por supuesto, en otros casos.
Los abogados defensores de los responsables han recurrido incluso a la necropsia sicológica, es decir, un pseudoexamen sicológico a la víctima –en otras palabras: a la muerta– para tratar de determinar que padecía “trastornos de personalidad”.
Ha sido una lucha desigual.
Una pelea titánica.
Y realmente no se puede adivinar el desenlace de un juicio que se ha vuelto inexplicablemente interminable.
Este mismo martes se volvió a hablar de la confesión de Jair N., sobrino de López Zavala y cómplice del feminicidio, “una audiencia de 2022” (sic).
Foto: Especial
Ya son 7 meses así…
Más de 30 semanas…
212 días…
¿Cuántos más?
A veces se olvida las consecuencias políticas de un caso, este, que incluso ha motivado interés internacional y gran indignación social.
Una derrota de la familia Monzón será una escandalosa derrota para el Poder Judicial del estado y un desastre político total para la fiscal Idamis Pastor Betancourt, de por sí conflictuada por la arraigada y cínica corrupción que persiste en la dependencia a su cargo.
Pero parece que no lo entienden –o de plano no quieren entenderlo.
