Casi al entrar la noche de este lunes, de manera sorpresiva, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha dado por concluida la investigación y el aporte de pruebas en el juicio que se desarrolla en contra del político priista Javier López Zavala –junto con otros dos implicados– por el presunto feminicidio de la activista Cecilia Monzón. Se llega a esta etapa crítica con la controversia de que hay tres testigos clave que podrían dar un giro de 180 grados al caso y llevar el litigio al terreno en donde cabría la posibilidad de que el excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla fuera absuelto y excarcelado.
Una posibilidad que, si se concreta, dejaría a la FGE de Puebla muy mal parada y su ya mermado prestigio acabaría de devaluarse. Quedaría exhibida –una vez más– como una institución que no procura justicia.
Para entender la relevancia de lo que ocurrió este lunes es importante revisar lo que dice el artículo 343 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual establece que: al llegarse a la etapa final del ofrecimiento y desahogo de los datos de pruebas, ya no se puede aportar nada más en un juicio. Con los elementos que tenga el juez a su alcance debe dictar la sentencia condenatoria o absolutoria de la parte acusada de un ilícito.
En este caso, los acusados son el exsecretario de Gobernación Javier López Zavala, que es señalado como el probable autor intelectual del homicidio su ex pareja sentimental Cecilia Monzón –ocurrido el 21 de mayo de 2022–, así como Silvestre N., quien en el relato oficial sería el asesino material de la activista, y Jair N., quien es sobrino del político priista y supuesto copartícipe de la trama criminal.
La controversia surge en torno a tres testigos. Se sabe el nombre de dos de ellos: Sergio Nahúm Mira Delgado y Jazmín Baraja Valerio, quienes son ex servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Y un tercero, del que no se sabe públicamente su identidad, pero sería alguien que presenció la ejecución de Monzón, ocurrido en el Camino Real a Cholula, cerca de la desviación del Periférico, donde dos hombres la interceptaron y uno de ellos le disparó a quemarropa.
No quieren hablar
La parte crítica del juicio es la siguiente: en 2022, cuando el titular de la FGE era Gilberto Higuera Bernal, se comisionó a Sergio Nahúm Mira Delgado para que iniciara la investigación del asesinato de Cecilia Monzón.
Esa indagatoria condujo primero a la detención de Jair N., quien habría sido un factor clave para involucrar a su tío, Javier López Zavala. Ambos fueron aprehendidos en junio de ese año.
También ese mismo trabajo de investigación habría servido para detener en Veracruz a Silvestre N., el 30 de julio de 2022, al ser señalado de supuestamente haber sido contratado para disparar contra Cecilia Monzón, utilizando un arma de fuego que le habría sido proporcionada por López Zavala.
Jazmín Baraja Valerio aparece como la encargada, de parte de la FGE, de concluir la investigación ministerial que justifica la teoría de que el exsecretario de Gobernación habría orquestado el homicidio de la mujer con quien procreó un hijo.
Ahora el problema es que Jazmín Baraja Valerio y Sergio Nahúm Mira Delgado ya no laboran en la FGE y se han negado a comparecer ante el juez que lleva la causa, pese a que hace unos días se habría ordenado que sean presentados ante el Poder Judicial con el uso de la fuerza pública.
Se parte de la idea de que, sin las declaraciones de ambos personajes, sin las explicaciones que puedan ofrecer, toda la investigación contra los acusados se queda “sin pies ni cabeza”.
Al respecto, se han desatado dos especulaciones entre los actores de dicho juicio que están de en torno a la víctima y los acusados, que indican lo siguiente:
Primera: que ambos exfuncionarios de la FGE sabrían que no fueron consistentes las pruebas recabadas contra López Zavala y sus cómplices. Que su detención habría sido motivada por intereses políticos y no por el hallazgo de elementos incriminatorios.
Se dice que ambos exfuncionarios saben que corren el riesgo de ser acusados de falsificar pruebas y por eso se han resistido a declarar.
Segunda: que desde el poder político se diseñó la estrategia de que no se presenten a declarar en el juicio los dos exmiembros de la FGE para, de esa manera, echar abajo la investigación y lograr la libertad de quien compitió por la gubernatura en 2010.
Es decir, que desde la FGE se le estaría “echando un salvavidas” a quien fuera el hombre más poderoso en el sexenio del mandatario Mario Marín Torres.
No coinciden las descripciones
La controversia con el tercer personaje es un hombre que habría sido alguien que presenció el homicidio de Cecilia Monzón, pues al parecer él venía manejando un vehículo atrás de la camioneta que conducía la víctima al momento de ser interceptada y ejecutada.
Se dice que su testimonio apunta a que los dos hombres que iban en una motocicleta y obligaron a detenerse a Cecilia Monzón para que, después, uno de ellos se bajara del vehículo y le disparara a la mujer, tenían la siguiente descripción:
Eran dos hombres de complexión robusta y de más de 40 años.
La defensa de los acusados alega que el sobrino de López Zavala y Silvestre N., de quien se dice que sería un sicario de Veracruz, no son robustos ni tenían 40 años al momento del homicidio.
No cabe duda de que el desenlace del juicio contra Javier López Zavala será controvertido y se prestará a muchas interpretaciones o, mejor dicho, a muchas teorías conspiratorias.
