El enfrentamiento ocurrido el viernes en territorios limítrofes de Puebla y Tlaxcala, cerca de San Francisco Ocotlán, del municipio de Coronango, no fue un simple pleito entre dos sindicatos de la construcción que se disputan las labores de la ampliación de la autopista que une a ambas entidades. Fue le enésima aparición de un grupo violento, formado por organizaciones afiliadas a la CTM, junto con facciones provenientes de Tamaulipas, que se están dedicando a “arrebatar” por la vía de choques armados los contratos de obras públicas, frente a la mirada complaciente de autoridades.
La versión que corrió el fin de semana apuntaba a que habían chocado la CTM y la CATEM –que es la central obrera que controla el diputado morenista Pedro Haces Barba–, ya que la primera organización acusaba a la segunda de desplazar a trabajadores poblanos de una obra se realiza en el estado. Ese relato es muy alejado de la realidad.
En primer lugar, porque la CATEM no tuvo ninguna intervención. La organización que fue agredida es el Sindicato Nacional Mariano Escobedo, sección Puebla, que a su vez fue subcontratado por el Sindicato Renovación y Progreso de Trabajadores de México, que dirige Ulises Soria Torres. Ambas agrupaciones nada tienen que ver con Pedro Haces.
Otro aspecto relevante es que lo acontecido el día 3 de este mes, no fue el inicio del conflicto. Fue el segundo hecho violento en menos de una semana, solo que el primero pasó desapercibido y el del viernes pasado, llamó la atención porque se acabó incendiando una camioneta de la empresa Techi S. A. de C. V., junto con material plástico que se utiliza en la construcción de carreteras.
El tercer dato, y el más importante, es que en realidad no fue una agresión contra el Sindicato Mariano Escobedo, sino contra las empresas Techi y PAC, que están interviniendo en la ampliación a cuatro carriles de la carretera Puebla-Tlaxcala.
Al parecer, el propósito es que, por la fuerza, se obligue a esas compañías a cancelar los contratos que tiene con sindicatos de la construcción Renovación y Progreso, así como Mariano Escobedo, para otorgarlos a las agrupaciones que son de su interés.
Por eso se puede afirmar que lo del viernes no fue un enfrentamiento, sino se trató de un ataque directo, utilizando a un grupo armado que al parecer proviene de Tamaulipas, contra el sindicato que legalmente tiene asignada la obra, tal como se observa en el contrato que suscribieron Ulises Soria Torres y Ángel Pineda Altamirano, representante de PAC S. A. de C. V., que es la empresa concesionaria de la autopista Puebla-Tlaxcala, que a su vez es filial de Grupo Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra).
Los agresores
¿Quiénes son los agresores? Desde hace unos meses se ha generado una alianza de sindicatos de la construcción afiliados a la CTM, que a nivel estatal controla Leobardo Soto Martínez, junto con las agrupaciones Libertad, de Hugo Bello, y Constitución, que encabeza Óscar Pozos, quien es primo de Soto Martínez.
Se dice que a esa alianza se habrían sumado grupos de choque, que siempre estarían armados, que provienen de Tamaulipas y son los que intervienen cuando hay violencia.
Dicha alianza de organizaciones, que tienen el sello cetemista, se ha dedicado a violentar a varias empresas constructoras de obra pública para obligarlas a que cedan los contratos –que se otorgan a sindicatos de la construcción– en lo referente a las labores de renta de maquinaria y camiones para el acarreo de materiales.
Hace unos días, esta agrupación apareció en la Mixteca poblana, actuando de la misma manera a lo ocurrido en Coronango.
Autopista Puebla-Tlaxcala
El pasado 29 de septiembre, dio inicio a un proyecto de ampliación a cuatro carriles de la autopista Puebla-Tlaxcala, que tendrá una inversión de mil millones de pesos y un periodo muy largo de construcción. En 2025 se avanzará solo el 30%, el próximo año el 39% y en 2027, el 30% restante. El propósito es reducir en casi un tercio el tiempo de conexión entre ambas entidades. Por esa vía circula a diario un promedio de 13 mil vehículos.
El martes de la semana pasada, un numeroso grupo de rijosos se presentaron en la obra, que avanza principalmente del lado tlaxcalteca, para golpear a trabajadores que ahí estaban laborando. Esa fue la primera advertencia.
Tres días después, otra vez arribaron unos 200 hombres con tubos y palos, además de varios hombres armados, que llegaron otra vez a atacar a quienes estaban en la obra. Ahora quemaron una camioneta de la empresa Techi, así como material para el uso en las carpetas asfálticas.
Testigos de lo ocurrido, que dialogaron con este columnista, dicen que muchos de los sujetos que asaltaron el campamento de obra llegaron en camionetas, unas sin placas, y otras con identificaciones de Tamaulipas. Debido a que hicieron varios disparos al aire, la mayoría de los trabajadores que estaban ahí presentes salió huyendo.
No solamente incendiaron una camioneta, sino que les quitaron la computadora a las maquinas de construcción que estaban ahí estacionadas.
Lo grave de esta situación es que no intervino ninguna instancia oficial para frenar la agresión. Se dice que cerca había un contingente de la Guardia Nacional, que llegó a la zona cuando todo había acabado. Como siempre.
Tal parece que las autoridades de Puebla y de Tlaxcala, así como del ámbito federal, van a actuar “hasta el día que la sangre llegue al río”.
