En los pasillos donde se trafican influencias, se presumen contactos y se venden soluciones milagro, el nombre de Miguel Ángel Celis Romero –conocido como “El Animal”– ha sido mencionado con insistencia en los últimos meses.
No como un actor poderoso, sino como el ejemplo más reciente de alguien que apostó todo a que la ley podía doblarse con dinero, presiones y padrinazgos políticos.
Desde su detención y posterior vinculación a proceso por el delito de extorsión, diversas fuentes coinciden en que el imputado activó una estrategia paralela al proceso judicial: no jurídica, sino de poder.
Gestiones fuera del expediente, acercamientos indebidos y, según versiones reiteradas, intentos de “comprar” voluntades dentro del sistema de justicia, incluyendo agentes del Ministerio Público, jueces de control y hasta magistrados.
En círculos cercanos al propio imputado se llegó incluso a presumir –con ligereza y soberbia– que “el asunto estaba controlado”, que “ya se había hablado con quien se tenía que hablar” y que contaba con el respaldo de un senador poblano, cuyo nombre habría sido utilizado como carta de intimidación más que como apoyo real.
La narrativa era clara: la prisión sería temporal y la libertad, cuestión de días.
Nada de eso ocurrió.
Lejos de encontrar eco en los tribunales, esas versiones chocaron con una resolución contundente. La Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla confirmó la vinculación a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa. El mensaje fue inequívoco: el expediente pesó más que cualquier presunción de poder.
Fuentes judiciales consultadas refieren que, pese a los rumores de sobornos y presiones, no existió ninguna actuación procesal que beneficiara al imputado, ni se alteró el curso del procedimiento. Por el contrario, la resolución fue jurídicamente sólida, fundada y motivada, cerrando de tajo cualquier intento inmediato de obtener la libertad por la vía de las influencias.
Las supuestas alianzas políticas resultaron ser, en los hechos, promesas vacías. Figuras que habrían sido utilizadas como escudo discursivo no aparecieron cuando el caso llegó a segunda instancia. Nadie intervino. Nadie “resolvió”. Nadie torció la ley.
El contraste es brutal. Mientras afuera se presume poder, adentro del penal la realidad es otra. La prisión preventiva no es un castigo anticipado, pero sí una consecuencia legal que hoy pesa más que cualquier fajo de billetes, llamada nocturna o nombre lanzado al aire para intimidar.
Este caso deja una lección incómoda para quienes aún creen que el sistema se mueve a base de sobres y favores: la justicia puede ser presionada, pero no siempre se deja comprar. Y cuando decide sostenerse en el derecho, no hay operador, senador ni intermediario que la saque del camino.
Las fiestas pasarán. Los alardes también. El proceso penal seguirá su curso. Y Miguel Ángel Celis Romero, “El Animal”, pese a todos los intentos, está y seguirá dentro.
Porque al final, por más que se presuma poder, la justicia no se negocia.
