En este espacio periodístico se advirtió –a inicios de la semana– que se aproximaba la caída de un alto directivo de Agua de Puebla y así ocurrió, este martes a eso de las 8:30 de la noche se hizo oficial la salida de Marisol Aguilar Sánchez como directora de Atención Ciudadana de la compañía, quien es nada menos que la principal artífice de las prácticas de terror que en la última década se han aplicado contra los usuarios del servicio de agua potable y contra el propio personal de la empresa concesionaria.
Faltando dos días para que feneciera el año 2024 fue cesado de manera fulminante Héctor Durán Díaz, el entonces todo poderoso director de Agua de Puebla o Concesiones Integrales, pues la empresa usa de manera indistinta ambas razones sociales. En aquella ocasión también se suspendió a Marisol Aguilar Sánchez, pero al poco tiempo se decidió que debía ser reincorporada a su puesto debido a que controlaba áreas prioritarias de la compañía.
Al cabo de seis meses de “la caída” de Durán Díaz, surge una pregunta básica: ¿por qué ahora sí se decidió la salida de Marisol Aguilar? Para entender ese movimiento es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
Se sabe que, en los últimos cinco meses, la firma de inversionistas Xinfra Fibra E, de capital chino, hizo una profunda auditoría a Agua de Puebla, luego de que compró –en noviembre de 2023– más de 60% de las acciones de la compañía concesionaria del agua potable en la capital.
Fuentes bien informadas que han seguido de cerca, desde el ámbito empresarial, lo que pasa con Concesiones Integrales, señalan que los directivos de Xinfra Fibra E habrían llegado a tres conclusiones que son fundamentales para mantener un futuro estable de Agua de Puebla. Esos cambios detectados son los siguientes:
Es urgente obtener la confianza ciudadana de Agua de Puebla, luego de que la compañía se ha manejado en sus 11 años de existencia como un centro de abusos en el servicio hídrico y de persistentes violaciones a los derechos humanos.
También se dispuso un proceso de reestructura de la concesionaria, ante la detección de supuestos malos manejos administrativos.
Y, por último, se consideró que es imperioso “limpiar todo lo que huela” a Héctor Durán Díaz, quien resultó ser un abusivo director general de Agua de Puebla.
Lo interesante de tal planteamiento es que, para concretar los cambios antes mencionados, pareciera que se hubiera aplicado el viejo dicho de que “todos los caminos conducen a Roma”. Porque para materializar las tres propuestas en cuestión se planteó que era necesario remover, a como dé lugar, a Marisol Aguilar Sánchez, quien fue “el brazo derecho” de Héctor Durán Díaz.
Según lo que cuentan las fuentes consultadas, que obviamente no es información oficial, pero parecen ser datos apegados a la realidad, se habrían argumentado las siguientes causales para perderle la confianza a Marisol Aguilar Sánchez:
Todo apunta a que esta mujer fue la autora de una política de cobros abusivos y amenazas extrajudiciales contra los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado, que fue privatizado en 2014 por el gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas.
Narran los conocedores del tema que esta mujer habría sido quien impuso la emisión de los llamados “requerimientos urgentes”, que incluso ella misma llegó a firmar, donde se advertía –mediante hojas impresas que se pegaban en los domicilios privados– que se procedería a ejecutar embargos si los usuarios del agua potable no pagaban en lo inmediato las tarifas de Agua de Puebla, sin la posibilidad de que se pudieran revisar los abusivos incrementos en los cobros.
Y también ella habría sido quien tuvo la idea de amenazar a la gente con ser “boletinada” ante el Buró de Crédito por el atraso en los pagos del servicio. Como se sabe, en esta empresa privada se lleva el registro del comportamiento financiero de todos los contribuyentes de México.
Sin duda estas amenazas surtieron efecto en mucha gente que se indignó, se espantó, se aterrorizó, se agravió por todas esas amenazas, pero al final pagaron las deudas sin tener la oportunidad de revisar los montos que les cobraban.
Eso no ocurrió con un número importante de ciudadanos de la tercera edad que tuvieron la paciencia y el modo de acudir a los tribunales federales a ventilar los malos tratos, pero sobre todo las supuestas amenazas jurídicas que recibían de la compañía concesionaria.
El resultado es que, en los últimos años, “le llovieron” amparos a Concesiones Integrales, que significaron una fuerte sanción económica para la empresa, pues los jueces establecieron que Agua de Puebla no tiene facultades legales para ordenar “embargos” contra sus clientes. Eso únicamente lo puede ordenar un juez de Control mediante juicio mercantil.
También los tribunales sentenciaron que Agua de Puebla no tiene facultades legales para reportar al Buró de Crédito a los usuarios que se atrasan en el pago de las tarifas del agua.
Con esos amparos, entre otros efectos, se frenaron cortes al suministro de agua potable o se ordenó la inmediata reconexión del servicio, cuando este ya se había interrumpido, en beneficio de quienes promovieron los juicios.
Por tanto, los togados emitieron un buen número de sentencias en donde se exhibió a Agua de Puebla como una empresa que viola los derechos humanos de los usuarios del servicio público del agua.
Las quejas por violación a los derechos humanos no solamente han sido de los ciudadanos que reciben el servicio de agua entubada, sino también de los trabajadores de Concesiones Integrales, quienes en varias ocasiones han acusado que en la compañía hay un ambiente de hostigamiento laboral y de discriminación.
Y todos acusan que esa situación se habría debido al estilo de manejo de la empresa por parte de Marisol Aguilar, quien siempre fue “el brazo ejecutor” de las órdenes de Héctor Durán.
Hay un caso emblemático de un analista de micromedición que en algún momento fue acusado de cometer un desfalco contra la empresa y ser exhibido frente a todos los trabajadores de su área, pero al final quedó claro que nunca existió dicho abuso y en realidad se trataba de un acto de discriminación motivado por su orientación sexual, que incomodaba a los directivos de la empresa.
Quienes contaron de estas historias al columnista dicen que es “solo la punta del iceberg”, pues se ha mantenido con absoluto hermetismo tres temas espinosos.
Primero: el cobro de cientos de millones de pesos por el saneamiento de aguas residuales, mismo que nunca se ha realizado.
Actualmente, hay un litigio por ese asunto que podría implicar una voluminosa cantidad de recursos económicos que se tendría que pagar a los usuarios del servicio hídrico, en caso de que la empresa perdiera el juicio.
Segundo: una supuesta investigación del Sistema de Administración Tributaria por la posible evasión de impuestos en Agua de Puebla.
Tercero: un posible enriquecimiento atípico de algunos exaltos mandos de la concesionaria del agua, que aparecieron con muchas propiedades inmobiliarias en La Vista y en Atlixco, que no se justifican con sus ingresos económicos.
