Guadalupe Daniel Hernández es de esos personajes públicos que no entienden que ya pasó su auge político y lo que más le convendría es el retiro, temporal o definitivo. La ex presidenta municipal de Cuautlancingo se niega a dejar el control del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, denuncia conspiraciones en su contra y busca alianzas con grupos ajenos a su municipio, sin darse cuenta de que ya perdió lo más importante: el apoyo de las bases de la 4T.
Alguien tuvo la mala idea de que para generar un “equilibrio político” en Cuautlancingo en el actual trienio, se determinó que la exedil Guadalupe Daniel se hiciera cargo del sistema de agua potable y alcantarillado, al mismo tiempo que Omar Muñoz ejerce como alcalde. Ambos son de Morena y aparentemente había una relación de cordialidad entre ellos.
Al final ese esquema fue un desastre en mucho, por la mala imagen de la exedil y porque en unos cuantos meses se desbordó su impopularidad por dejar a muchos pobladores sin agua potable, que es el servicio público prioritario en cualquier comunidad o ciudad del país.
La trayectoria de Guadalupe Daniel Hernández es muy peculiar y explica porque se ha vuelto tan impopular.
Ella es uno de esos casos especiales de triunfo electoral en 2018. En las urnas arrasó y ganó la alcaldía de Cuautlancingo. Pero en realidad triunfó por el arrastre de Andrés Manuel López Obrador, no por su identidad y pertenencia a la 4T.
De hecho, ella inició y desarrolló la mayor parte de su carrera política en el PAN. Su incursión inicial en el servicio público fue como regidora en el primer gobierno del panista Filomeno Sarmiento, entre los años 2011 y 2014. Al finalizar esa gestión, oficialmente se afilió al Partido Acción Nacional.
En el siguiente trienio, ocupó dos cargos directivos en otro ayuntamiento panista, el de Félix Casiano.
Y cuando llegó el proceso electoral de 2018, al no ser tomada en cuenta en el PAN para seleccionar al candidato a alcalde, rompió con el albiazul y se pasó a Morena, lo cual le permitió ganar los comicios y romper con la alternancia entre panistas y priistas que había en Cuautlancingo.
Su gestión como alcaldesa fue estable, pero gris. Nunca le perdonaron que pasó por alto las acusaciones de actos de corrupción de los dos gobiernos del PAN que la antecedieron.
Al llegar el proceso electoral de 2021, aunque las encuestas no le favorecían, decidió buscar la reelección. El resultado fue desastroso: Morena perdió los comicios y regresó al poder el panista Filomeno Sarmiento, que es un personaje obscuro de este municipio.
Era claro que hace cuatro años hubo un “voto de castigo” contra Guadalupe Daniel.
Ahora, en el actual trienio, regresó al servicio público como directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo y en un muy poco tiempo, las protestas abundaron en su contra por el mal funcionamiento del organismo.
Tan solo en un par de meses, hubo cuatro marchas de vecinos de colonias populares que se quedaron sin agua.
Hasta que hace poco más de una semana los vecinos, de varias zonas del municipio, llegaron hasta el Palacio Municipal para exigir “la cabeza” de la exalcaldesa.
La expresidenta acusa que las protestas son un complot en su contra porque descubrió actos de corrupción, pero las dos veces que ha hablado públicamente del tema no ha podido ofrecer nombres y pruebas de los supuestos responsables del mal funcionamiento de organismo del servicio hídrico.
El pasado 21 de mayo, el Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado destituyó a Guadalupe Daniel.
Ella argumenta que no es válida la asamblea del Consejo de Administración, porque no se citó tres horas antes de realizarse la sesión y solamente participaron hombres, lo que constituye un acto de violencia de género en su contra.
Lo que no percibe Guadalupe Daniel es que ya tiene una carga muy pesada en su contra: no la quieren ni en el PAN ni en la 4T. Ni los ciudadanos que se quedaron sin agua en fechas recientes.
Otra vez se cancela la audiencia en el caso de San José Zetina
Hace unos días, en este espacio periodístico se narró que en el juico que se sigue contra los presuntos invasores de 400 hectáreas de la ex hacienda de San José Zetina, al sur del municipio de Puebla, había ya surgido una advertencia del Poder Judicial de que habría fuertes sanciones económicas para quien provocara que, por enésima vez, no se realizara la audiencia intermedia del litigio.
No es para menos, ya pasaron cuatro jueces y los acusados ya cambiaron 14 veces de abogados, lo que había provocado que siete veces se difiriera la audiencia intermedia, en lo que es un claro ejemplo de prácticas dilatorias de las ocho personas acusadas de despojo, debido a que no han podido aportar pruebas a su favor.
Al final esa advertencia fue solo “un cuento”, un intento de guardar las apariencias de que el Poder Judicial está actuando con imparcialidad.
No hay otra explicación para entender que, hace unos días, se volvió a cancelar el nuevo intento de efectuar la audiencia en cuestión.
Sin que se hubiera sancionado a nadie, pese a lo pueril de los argumentos que se utilizaron en esta ocasión.
Resulta que los acusados argumentaron que a su abogado no les han entregado la carpeta de investigación y por tanto, no saben de qué delitos los acusan.
Lo sorprendente es que el juez, sin hacer una sola observación, decidió aplazar la audiencia.
Y resulta que, de acuerdo con documentos oficiales, el 17 de diciembre de 2024, a las 18 horas con 5 minutos, el Ministerio Público hizo entrega de la carpeta de investigación a Carmen María Aguilar Kasir, quien fungía como abogada de los imputados por el delito de despojo.
Lo que ha pasado esta semana empieza a mostrar que en el Poder Judicial “hay dados cargados” contra los presuntos invasores.
