En el Poder Judicial de Puebla (PJP) el mundo está al revés: en la medida en que pasa el tiempo, el presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez, cada vez está más relegado, disminuido y sin cumplir con la función primordial de representar y de dirigir al PJP, la cual es una facultad otorgada por mandato constitucional.
Y en cambio, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cada vez que puede, quiere asumir el control del PJP, sin tener facultades legales para tomar ese papel o para que se lo otorguen desde otro poder público.
Tal situación quedó evidenciada –hace unos días– cuando el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, encabezó una de sus habituales ruedas de prensa –“una mañanera”– desde el Centro de Convivencia Familiar de Ciudad Judicial.
Y resulta que, en una segunda fila y en medio de algunos invitados, se encontraba José Eduardo Hernández Sánchez, como intentando pasar desapercibido.
Lo natural es que Hernández Sánchez tuviera que encabezar cualquier actividad que se realice en algún recinto del ámbito judicial.
En cambio, quien sí estaba cerca del gobernador y demás miembros del Gabinete era la magistrada “Beli”, tal como le gusta ser mencionada a la togada María Belinda Aguilar Díaz.
Una situación que se ve con frecuencia. Por ejemplo, la presidenta del TSJ acude a las mesas de Seguridad Pública que se organizan cada lunes en la sede del Poder Ejecutivo.
¿Cuál es el problema de que en esos encuentros institucionales esté presente Belinda Aguilar en lugar de Eduardo Hernández?
Que los papeles de las dos principales figuras del Poder Judicial están invertidos y eso es ilegal.
De acuerdo con la última reforma judicial, que se aprobó durante el mandato del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y que quedó plasmada en el artículo 88 de la Constitución del estado de Puebla, se establece con claridad que el presidente del Consejo de la Judicatura es el titular del cuerpo colegiado del PJP, encargado de administrar y de dirigir el aparato de impartición de justicia.
Y esa misma reforma, le acabó quitando casi todas las facultades que tenía la Presidencia del TSJ, antes de que se creara el Consejo de la Judicatura. Prácticamente acabó convirtiéndose –casi– en un puesto honorífico.
Ahora, el asunto hay que verlo de esta manera: si María Belinda Aguilar quisiera cambiar a su secretaria privada de manera directa, no lo puede hacer porque es una determinación que necesariamente debe ser aprobada por el Consejo de la Judicatura.
Eso significa que ella, desde el punto de vista formal, no puede mandar sobre los jueces o magistrados del PJP.
Tal situación significaría que quien debe mandar en el Poder Judicial, es decir, José Eduardo Hernández Sánchez, no lo dejan mandar.
Y quien no puede mandar, como es el caso de María Belinda Aguilar Díaz, es quien siempre intenta mandar en el Poder Judicial.
Esta situación va más allá de lo anecdotario, refleja cómo el Poder Judicial no respeta ni su propia normatividad.
Por eso en Puebla el tema de la impartición de justicia es solo una ilusión, no una realidad para el grueso de la población.
Las causas
¿Por qué José Eduardo Hernández Sánchez ha sido relegado en el Poder Judicial?
Ya en un par de ocasiones, en este mismo espacio, se ha especulado de tres causas. Vale la pena recordarlas:
Primera: durante el gobierno del autoritario exgobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas hubo una persecución política contra el entonces legislador federal Alejandro Armenta Mier. Lo querían meter a la cárcel.
Quien operó esa persecución fue José Eduardo Hernández Sánchez, en su calidad de subsecretario de la Contraloría. Actuó bajó las órdenes de Eukid Castañón Herrera, quien era el encargado del “trabajo sucio” en el morenovallismo.
Segunda: Hernández Sánchez llegó a la cúpula del Poder Judicial durante el mandato del exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y quien lo recomendó fue Patricia Leal, otra importante operadora del morenovallismo y que en el pasado mandato del Poder Ejecutivo fungió como asesora.
Se sabe que, en el actual sexenio, se ha determinado que no tienen cabida los intereses de la morenovallista Patricia Leal.
Tercera: el presidente del Consejo de la Judicatura cometió un error garrafal, en el proceso interno de la 4T para elegir al candidato a la gubernatura de Puebla, optó por el aspirante perdedor: Ignacio Mier Velazco.
Cualquiera que sea la causa que explique el mal trato que le dan a José Eduardo Hernández Sánchez, el magistrado debería aplicar la máxima: más vale irse a tiempo con la cabeza en alto, que acabar siendo echado y sin poder ver a la cara a los demás.
