Han pasado ya dos años y dos meses desde que la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, bajo el mando de la entonces alcaldesa Irene Olea Torres, privó de su libertad a las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López, quienes fueron torturadas y objeto de agresiones sexuales. Como siempre ocurre con el tema de la justicia en Puebla y en México el caso, aunque está documentado con 115 pruebas, además de que fue asesinada una testigo clave, se ha empantanado en el Poder Judicial, en donde se ha querido defender a la ex presidenta municipal.
No obstante, el intento de imponer un “pacto de impunidad”, consistente en hacer callar a todos los que saben lo que pasó la noche del 10 de marzo de 2023, día en que las comunicadoras fueron vejadas en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros, la semana pasada el caso ha dado un giro de 180 grados.
Un juzgado colegiado ha ordenado que, a más tardar en este inicio de semana, deben ser encarcelados cinco agentes de la Policía Municipal –cuatro hombres y una mujer– y el ex juez municipal de Izúcar de Matamoros Jesús Venancio Castro, quienes están acusados de haber alterado los documentos oficiales que demostraban la detención ilegal de las comunicadoras.
El 18 de julio del año pasado, un juez determinó vincular a proceso a 11 servidores públicos por la agresión contra las hermanas Hoyos López. En ese momento, parecía que se caminaba con “pasos firmes” en el intento de hacer justicia. Sin embargo, con el paso de las semanas, una juez de Distrito determinó que no había motivos para dictar prisión preventiva oficiosa contra los acusados.
Una determinación que se convirtió en un fuerte agravio para las víctimas, por las siguientes razones:
Primera: porque en los últimos meses del gobierno de Irene Olea, ocurrieron por lo menos 10 actos de intimidación contra las afectadas y su familia. Era común que aparecieran patrullas y agentes policiacos a pie siguiéndolas. O que los vehículos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública se pusieran a hacer “arrancones” frente al domicilio de las jóvenes.
Todo ello pese a que había una orden judicial de restricción, mediante la cual se ordenaba que los acusados no podían acercar a las víctimas, incluyendo a sus padres.
Segunda: porque siempre se argumentó que los indiciados podían escapar si no les dictaban prisión preventiva, sobre todo al momento de terminar el gobierno de Irene Olea, lo que ocurrió en octubre de 2024.
Y, efectivamente, hay la sospecha de que el exjuez Jesús Venancio Castro ya habría huido de Izúcar de Matamoros, sabedor de que en cualquier momento iba a ser detenido.
Es el personaje que anotó en una boleta oficial que Michelle y Natalie Hoyos López habían sido detenidas por “ensuciar la ciudad”, luego de que las tuvieron cinco horas retenidas en los separos policiacos en donde fueron golpeadas y agredidas sexualmente. Para este hombre era normal todo lo que había pasado.
Tercera: la Fiscalía General de la República (FGR) fundamentó que resultó positivo el Protocolo de Estambul, que demuestra la tortura. En este caso las comunicadoras fueron golpeadas, amenazadas, privadas ilegalmente de su libertad, las desnudaron y hubo tocamientos, que constituye un abuso a su intimidad.
Todo ello era una venganza del gobierno de Olea contra el medio de comunicación Despertar de la Mixteca, que es la empresa familiar de las hermanas Hoyos López. Nunca hubo cargos contra las periodistas. Estaba claro que la detención habría sido “una venganza” por las críticas a la errática gestión de la entonces presidenta municipal.
Cuarta: que es la razón de mayor peso, que Socorro Barrera Sánchez era la principal testigo protegida de la FGR, pues ella en su carácter de servidora pública sostenía que la detención de las periodistas fue solapada desde el círculo de la exedil Irene Olea. Esta mujer que esperaba su turno para testificar fue asesinada a balazos por un grupo de sicarios en un autolavado.
El revés
La semana pasada, un Tribunal Colegiado del Sexto Circuito determinó que la juez no tomó en cuenta las 115 pruebas que la FGR recabó para demostrar la detención ilegal, la incomunicación y la tortura contra las periodistas.
Por esa razón se ha ordenado la prisión preventiva contra cinco agentes policiacos y el juez municipal.
Eso solo es por el delito de alterar documentos oficiales.
Falta todavía ventilar la acusación por tortura.
Si se logra la detención de los implicados van a enfrentar el riesgo de una condena de hasta 20 años de cárcel.
Es donde se abre el compás de posibilidades de que los acusados ya señalen, con precisión, quién dio la orden de la agresión contra las periodistas.
Y es ahí donde el nombre de Irene Olea “va a saltar”.
Se sabe que funcionarios del anterior Gobierno estatal intervinieron para proteger a la exalcaldesa.
A los implicados los habrían amenazado y, al mismo tiempo, les ofrecieron protegerlos, que nadie les haría nada por dicho asunto.
Ese “pacto de impunidad” se podría romper en los próximos días.
