Nuestra historia inicia en el año de 1987 cuando el entonces gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, expropió los terrenos que se ubican en toda la extensión de lo que hoy es la vía corta a Atlixco, inaugurada en ese mismo año por el entonces presidente, Miguel de la Madrid Hurtado, amigo del mandatario poblano en turno.
Cuatro años más tarde, en 1991 el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari y su secretario de Desarrollo Social, un tal Luis Donaldo Colosio, a través de la dependencia a su cargo pusieron en marcha el programa de reordenamiento territorial para 50 ciudades medias del país, entre ellas Puebla.
Para tal efecto, en ese mismo año, el entonces secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, expropió a nombre del gobierno federal, mil 081 hectáreas, correspondientes a los ejidos de San Bernardino Tlaxcalancingo, la Trinidad Chiautenco, San Andrés Cholula y Santiago Momoxpan, mismas que transfirió al gobierno de Puebla que encabezaba Mariano Piña Olaya, para el reordenamiento de la ciudad capital, la cual ya desde ese tiempo se preveía, iba a presentar muchos problemas por el crecimiento desordenado que comenzaba a experimentar.
Una vez con la posesión de las tierras expropiadas en sus manos, Piña Olaya inició la venta de los terrenos entre sus amigos, los entonces empresarios más poderosos de Puebla, entre ellos Kamel Nacif y los hermanos, Gabriel y Rafael Posada Cueto, en ese entonces dueños de la Harinera la Asunción, la más importante de América Latina.
La administración de Piña Olaya concluyó el 1 de febrero de 1993, el nuevo gobernador Manuel Bartlett Díaz y el entonces delegado de la Sedesol, Alejandro Villar Borja, revirtieron el decreto expropiatorio de 1991 y volvieron a expropiar las mil 081 hectáreas, el proceso jurídico en contra de los empresarios que habían comprado los terrenos, corrió a cargo del entonces subsecretario B de gobernación, Mario Marín Torres y del director jurídico de la Segob, el entonces joven abogado, Carlos Meza Viveros.
Todos los terrenos fueron recuperados por la administración de Bartlett, los empresarios que habían comprado, recibieron su dinero de regreso y quienes no querían fueron amenazados con ser metidos en prisión.
Uno de los asesores que encabezó un grupo de campesinos afectados por la expropiación era el entonces joven abogado, José Guadalupe Sánchez Jiménez “Lupillo”, quien contaba con el apoyo del dirigente de la corriente socialista del PRD, el ya fallecido, Adolfo González Zamora, quien más tarde llegó a ser diputado federal.
Los campesinos afectados se ampararon, iniciando una larga lucha jurídica en contra del gobierno, sin embargo, el gobierno ganó la mayoría de los litigios, sumando las mil 081 hectáreas, al denominado proyecto Angelópolis y constituyendo el fideicomiso de la reserva territorial Atlixcáyotl- Quetzalcóatl, la cual se encargó de administrar la venta de estas tierras.
En 1998 se inauguró el Centro Comercial Angelópolis, el más importante del sureste de México, desarrollado por el arquitecto más influyente de México, Javier Sordo Madaleno, con dos tiendas ancla, el Palacio de Hierro de la familia Bailleres, quien estuvo presente en la inauguración del inmueble y Liverpool de Max Michell.
Antes de partir y de dejar el poder el 1 de febrero de 1999, Bartlett inició la venta de muchos de los terrenos de la reserva territorial Atlixcayotl, principalmente entre sus amigos y algunos de sus colaboradores, entre ellos, los Posada, quienes estaban por desarrollar lo que hoy conocemos como Lomas de Angelópolis. (Continuará).
Al parecer la Fiscalía, no cuenta con pruebas para inculpar a Javier N. Luego de que el pasado 4 de abril, inició el juicio en contra de Javier N, acusado por ser el autor intelectual del feminicidio de Cecilia N, trascendió que la Fiscalía no ha podido presentar ninguna prueba en contra del imputado, ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
De la misma forma, continuando con el juicio el jueves 10 de abril, la Fiscalía ante la falta de pruebas, hizo subir a declarar a un testigo quién es ministerio público de nombre Israel N., para subir a declarar en nombre del acusado Jair N, situación que resulta ilegal y por demás violatoria del derecho constitucional que es exclusivo del coacusado Jair N, de declarar o permanecer callado.
Esto en franca violación a su derecho constitucional, violándose con este actuar las disposiciones de la ley, que señalan que ninguna declaración que no sea la del acusado, puede ser tomada en cuenta en juicio. (Artículo 378 del código nacional de procedimientos penales).
Debido a esto, el tribunal de enjuiciamiento, incluso señaló que ese derecho solo le corresponde al acusado y que mientras este no declare, ninguna declaración puede ser tomada en cuenta y mucho menos darle valor probatorio alguno.
Esto al parecer demuestra que la Fiscalía al no contar con caudal probatorio, no sabe qué hacer, una mentira que hoy se cae en pedazos. ¿Qué cuentas va entregar a la familia de la víctima Cecilia M. P.?
“El Ídolo”, un antro que viola la ley. Uno de los bares que ha ganado notoriedad en la vida nocturna del Centro Histórico de Puebla es “El Ídolo”, no precisamente por su oferta cultural o gastronómica, sino por los recurrentes “reventones” que se extienden más allá de las 2:00 de la mañana y los afters ilegales que se promueven bajo el disfraz de eventos “privados”.
Los vecinos —que ya están cansados— que este lugar ocupa el espacio público sin pudor: banquetas, palapas e incluso la vía pública se convierten en extensión de su barra. La venta de alcohol a deshoras, el ruido excesivo y el consumo abierto de estupefacientes han convertido la zona en un foco de desorden.
“El Ídolo” representa apenas un botón de muestra del descontrol que impera en torno a las llamadas “chelerías”, negocios informales que proliferan sin regulación y que, lejos de abonar al desarrollo del Centro Histórico, lo empujan hacia el abandono y la ilegalidad. ¿Y la autoridad? Bien, gracias.
