Un duro golpe a la confianza y credibilidad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla (PJP) resulta el hecho de que 29 defensores públicos han buscado ampararse para que les cumplan con una añeja demanda laboral: homologar sus salarios a las percepciones económicas de los agentes del Ministerio Público, que están por abajo en poco más de un 30 por ciento.
Tal situación exhibe por enésima vez la intrascendencia que representó el papel de José Eduardo Hernández Sánchez al frente del Consejo de la Judicatura, pues en los 19 meses que lleva en el cargo, simplemente nada mejoró en el PJP.
De nada sirve que se exhiba las carencias en los juzgados en la mayor parte de los distritos judiciales del estado de Puebla, ya que desde el Consejo de la Judicatura no se mueve un dedo para que se dote a los centros de impartición de justicia de lo básico: papel, tinta de impresoras, servicio de internet, agua, jabón y un largo etcétera de insumos.
Hace 22 meses, los trabajadores del Poder Judicial de Puebla, vestidos de rojo como distintivos, realizaron la tercera protesta consecutiva para denunciar los paupérrimos salarios que reciben que, en algunos casos, no llegan ni a los 4 mil pesos al mes.
Una situación que contrasta con la vida ostentosa que llevan la mayoría de los magistrados del PJP.
En aquella ocasión el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, les contestó a los quejosos que no podía haber una solución inmediata a un problema estructural como son los bajos salarios en el Poder Judicial, pero que en los siguientes ejercicios presupuestales habría una respuesta puntal a esas demandas.
Luego de esa protesta, ya pasó la aprobación de dos nuevos presupuestos anuales del Poder Judicial –los de 2024 y 2025– y no se observa el más mínimo interés de revertir las malas condiciones laborales en los tribunales y las salas del Tribunal Superior de Justicia, que acaba siendo un factor clave para existencia de altos índices de corrupción que se sufre en el PJP.
En el Poder Judicial Poblano es de dominio público que José Eduardo Hernández llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura, el septiembre de 2023, solo para “dejar pasar el tiempo”, ya que nunca se involucró en atender las carencias, los conflictos, los escándalos que asolan a este poder público.
Y como nada se resuelve en la cúpula del Poder Judicial se entiende porque, de manera callada, pero contundente, los defensores públicos optaron por ya no buscar el dialogo, el hacer protestas o grabar videos de denuncias, pues saben que el magistrado Hernández Sánchez, junto con los demás consejeros del órgano de control del PJP, siempre “ponen oídos sordos” a las demandas de mejoras de los trabajadores y funcionarios judiciales.
Por eso han recurrido a la justicia federal, a exigir que se les cumpla con la homologación de sus salarios.
Actualmente un agente del Ministerio Público gana, en promedio, unos 30 mil pesos mensuales. Que es un ingreso muy bajo frente a los riesgos que están expuestos, el poco personal que hay en la Fiscalía General de Estado y el exceso de trabajo que deben resolver. O mejor dicho: mal resolver.
Por eso es más grave lo que pasa con los defensores públicos que, estarían ganando al mes, más o menos 20 mil pesos. Un ingreso que está muy lejos de la homologación que han reclamado con los agentes del Ministerio Público.
Los defensores públicos, tal como lo dice su nombre, son aquellos litigantes que representan a los ciudadanos que enfrentan un proceso legal como acusados y no pueden pagar un abogado privado.
El pasado 25 de marzo, con el expediente PRINCIPAL 312/2025-VIII-A, fue recibida la demanda de amparo por Miguel Ángel Arroyo Herrera, quien es el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo.
La demanda fue presentada por Gabriela Carrión Vásquez y se ha fijado que, el próximo 10 de abril, se realizará la audiencia constitucional del litigio.
Entre los que aparecen suscribiendo la demanda se encuentran: Benjamín Ramírez Irene, Héctor García Rodríguez, Delia Jiménez Ramírez, Aday Lucia León Arellano, Marco Antonio de la Luz López, Miguel Ángel Fierro Flores, Yazmín Suárez y Suárez, Adrián Mercahant Díaz, Martha Alejandra Olvera Paredes, Juan Carlos Vázquez Zepeda, Cutberto Luna Cortés, Guillermo Isaac Castañeda García, Luis Ramón Álvarez Aguilar, Lucía García Díaz, Estafenía Guadalupe Soriano Rosas, Mariana Santiago Rodríguez, Sandra Higinia Rivera Cruz, Luis Genaro Guzmán Granados, Yazmín Rojas Vélez, Miguel Ángel García Oregón, María Guadalupe Nava Aguilar, Miguel Alfredo Ramírez Romero, Ezequiel Espinosa Amador, María Eugenia Juárez Vázquez, Álvaro Méndez Ramírez, Jorge Amador Tlatilolpa, Noemi Virginia Calderón Meza y Diana Kristal Acevedo Ramírez.
