Faltan poco más de 70 días para la tan esperada elección de 881 cargos del Poder Judicial Federal (PJF) y es oportuno empezar a advertir que algunos de los candidatos de Puebla, que han sido parte del aparato de administración de justicia en el estado, llegan con un pasado obscuro a los comicios que habrán de celebrarse el 1 de junio. Son personajes que se han destacado por su capacidad de traficar influencias políticas o económicas en el dictado de sentencias en los juzgados o que, se han visto directamente involucrados en liberar a delincuentes.
Hasta ahora poco se ha escrutado lo que podría significar que oscuros personajes del Poder Judicial poblano lleguen a la esfera federal de la justicia en México.
En la lista de aspirantes de Puebla, hay dos nombres que hacen mucho ruido: las juezas María Guadalupe Muñoz Pérez y Miriam Huerta Lechuga, de quienes se dice que ambas son muy unidas.
María Guadalupe Muñoz Pérez se ha estado promocionando en sus redes sociales, así como a través de la participación que tuvo en un programa de la periodista Adela Micha, cuando la regla del proceso electoral extraordinario para elegir los cargos del PJF establece que será hasta el próximo 30 de marzo cuando los candidatos podrán hacer campañas proselitistas.
El aspecto más relevante es que Muñoz Pérez es actualmente integrante del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) y se dice, que ella es quien manda de facto en ese órgano de control judicial, influyendo en varios jueces para que emitan sentencias de acuerdo con la “línea que les dictan” desde el CJE.
Esa capacidad de influencia de María Guadalupe Muñoz se debe a que ha sabido aprovechar el vacío que ha dejado José Eduardo Hernández Sánchez, el presidente del Consejo de la Judicatura y quien se ha convertido en un personaje de ornato, ya que ha sido pobre y ausente su desempeño en esa responsabilidad.
Ambas juezas, María Guadalupe Muñoz y Miriam Huerta Lechuga, han enfrentado varios señalamientos de anomalías. A una de ellas se le habría vinculado con la supuesta liberación de un abusador sexual y a otra, en que habría sacado de la cárcel de un conocido ex dirigente del PRI que estaba acusado de graves hechos de violencia de género contra una finada exdiputada local.
Hay otro caso muy sonado: el del juez José Luis Arenas Juárez, quien es hijo de la magistrada en retiro, María de los Ángeles Juárez Hernández, situación de la que se dice le ha servido para que nunca sea sancionado en el Poder Judicial poblano.
El juez Arenas Juárez ha estado involucrado, por lo menos, en dos escándalos graves, que son los siguientes:
Una maestra de la región de San Martín Texmelucan, de nombre María Elizabeth, presuntamente fue asesinada por su esposo, quien es el padre de los dos hijos de la mujer.
De manera sorprendente, en febrero de 2023, el titular del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar, José Luis Arenas Juárez, ordenó que los hijos de la víctima fueran obligados a tener una convivencia permanente con los abuelos paternos, pese a que los menores externaron el miedo, el rechazo, a reunirse con los progenitores del hombre acusado de matar a su mamá.
Un fallo que muestra una absoluta falta de sensibilidad y de protección de la salud mental de los niños.
El otro escándalo fue la salida de la cárcel de Tepeaca de un homicida confeso quien se fue por la puerta grande, sin que su evasión hubiera sido resultado de una fuga. El hombre se marchó con una boleta de liberación en la mano, emitida por el juez José Luis Arenas Juárez.
La historia no oficial del caso dice que el togado, al parecer, no estaba bien en sus cinco sentidos y no se habría fijado que firmó la liberación del homicida, quien era candidato a una sentencia de 50 años de prisión.
Otra versión dice que el juez se fue de vacaciones y en su ausencia le habrían falsificado la firma en la boleta de liberación del interno. Lo que no cuadra, es que cuando se quiso hacer una investigación, curiosamente “se perdió” el expediente en el juzgado de Tepeaca.
Al final le echaron la culpa al oficial mayor del juzgado de Tepeaca y no fue sancionado el juez Arenas.
Los cargos en juego
El próximo 1 de junio, de manera inédita, en México se van a elegir a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que será un cambio radical en la cúpula del Poder Judicial Federal que permitirá remover a las estructuras tradicionales de poder político que han controlado al máximo tribunal del país.
También se renovarán 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.
De igual manera, por primera vez se elegirán a los 5 miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.
Junto con 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito en toda la República Mexicana.
