“La prueba de fuego” para la 4T será la próxima elección del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues dependiendo de la forma y quien sea la persona designada para ese cargo, se determinará si el discurso contra la corrupción es solo demagogia o es un compromiso real de cambio. Sobre todo, cuando se empieza a percibir que varios alcaldes –a tres meses de que llegaron al cargo– ya llevan una ruta de abusos y excesos, así como de ineficacia y frivolidad en el ejercicio de su función pública.
Una situación preocupante porque la ASE tendría que ser el órgano garante de la legalidad y la rendición de cuentas de los gobiernos locales, lo que no ha ocurrido en ningún sentido.
A lo largo de los 14 años recientes se ha visto que los auditores generales han solapado abundantes casos de corrupción, que han dado “manga ancha” a los alcaldes para enriquecerse ilícitamente, que los encargados de la fiscalización han sido objeto de escándalos y que ninguno, de los últimos cuatro titulares de la ASE, pudieron terminar sus periodos por motivos políticos o por ser exhibidos en sus abusos.
La ASE tradicionalmente ha sido el órgano de control político del gobernador en turno. Es “el garrote” para someter a los alcaldes que no se ciñen a los intereses del titular del Poder Ejecutivo.
Ahora que la 4T controla a los tres poderes públicos del estado de Puebla, a los ayuntamientos de los principales municipios de la entidad –a excepción de San Andrés Cholula–, no se ha percibido el más mínimo interés por cambiar la penosa y cuestionada realidad de la ASE.
Los legisladores de la 4T, encabezados por Laura Artemisa García Chávez, ya tuvieron un primer tropiezo monumental al exhibir el nulo interés en la defensa de los derechos humanos. La designación en noviembre pasado de Rosa Isela Sánchez Soya como ombudsman del estado, cuyo único mérito es haber participado en la campaña electoral de Morena, expone que en el Congreso del estado no se tiene ningún proyecto visible de transformación del poder público.
Fidel Teomitzi Sánchez es el encargado de despacho de la ASE y su periodo ya tendría que haber concluido a finales de 2024.
Es la fecha que Laura Artemisa García Chávez no ha fijado una fecha para emitir la convocatoria para elegir al nuevo titular del órgano de fiscalización. Se esperaba que el documento apareciera el mes pasado, pero no fue así.
Lo que más genera inquietud es que no se conoce algún proyecto legislativo para cambiar la manera en que funciona la ASE.
Tendría que ser un tema de extremo interés si se revisa lo que ha pasado en materia de fiscalización desde hace década y media:
En 2011, los entonces diputados del PAN –que eran mayoría— obligaron a renunciar al auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, bajo la amenaza de que se iban a hacer públicos sus actos de corrupción.
Sobre todo, cuando se le descubrió a Hernández Quintana una bodega ilegal en donde resguardaba documentos oficiales de cuentas públicas del gobierno del estado y de ayuntamientos. Al final, el titular de la ASE dimitió y nunca se investigó las anomalías financieras del sexenio del exgobernador Mario Marín Torres.
Durante el morenovallismo, entre los años 2011 a 2018, era “un secreto a voces” que el entonces jefe político del PAN y quien controló el Poder Ejecutivo en todo ese periodo, Rafael Moreno Valle Rosas, negociaba con los alcaldes de todos los partidos no fiscalizar sus cuentas públicas a cambio de que operaran a favor de los intereses económicos del morenovallismo.
David Villanueva Lomelí, quien era el encargado de la ASF durante el morenovallismo, renunció al cargo 4 meses después de la muerte trágica de la gobernadora panista Martha Erika Alonso Hidalgo, junto con su esposo, el senador y ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas.
El siguiente auditor general, Francisco Romero Serrano, fue destituido por el Congreso local el 14 de febrero de 2022, luego de que fue encarcelado por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita.
Romero logró ser absuelto de los cargos, tras pasar más de dos años privado de su libertad. Acusó que hubo una persecución política en su contra de legisladores de Morena y del gobierno del estado.
Mientras que, el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló a Romero de cometer excesos en el manejo faccioso de la ASE.
Otro caso grave fue el de Amanda Gómez Nava, quien fue designada titular de la ASE el 19 de mayo de 2022 y renunció en octubre de 2023. Solo duró 17 meses y se fue del cargo “por la puerta de atrás”.
La situación más grave es que no detectó presuntas anomalías financieras del gobierno del estado por mil 322 millones de pesos. Que incluye el escándalo de que se “perdieron” 600 millones de fondos públicos que, de manera ilegal, se depositaron en el fraudulento banco Accendo.
Con todos estos antecedentes, sorprende –o mejor dicho angustia– que, a los diputados locales de Morena, el PT y el PVEM, no les preocupe cambiar la realidad del ineficiente, corrupto y discrecional sistema de fiscalización del erario poblano.
