En el Poder Judicial (PJ) poblano se está a la espera de cambios importantes y profundos que podrían ocurrir este mes o inicios de 2025, pues se da por hecho que el recién nombrado magistrado Fredy Erazo Juárez sería nombrado como el próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y Martín Fuentes Morales, quien tiene 9 meses de haber iniciado su carrera de togado, sería designado presidente del Consejo de la Judicatura.
Ambos son hombres de toda la confianza del nuevo gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y llegan con la encomienda de dar un sello “armentista” a este poder público encargado de aplicar la justicia, aunque en términos reales actualmente es una fuente de impunidad y no de la aplicación del Estado de Derecho.
Fredy Erazo siempre ha sido un cercano colaborador de Armenta y en enero de 2021, vio frustrado su intento de ser magistrado electoral, pues cuando ya tenía la designación “en las manos”, otorgada por el Senado de la República, un fallo judicial le quitó esa posición por un asunto de paridad de género.
Ahora llegaría a ocupar una figura más decorativa, que efectiva, que es ser presidente del TSJ, que a decir de algunos magistrados es un cargo más de relaciones públicas, que de toma de decisiones importantes. Habrá que ver si Erazo le sabe dar un giro de mayor relevancia a dicho puesto.
Quien sí va a ejercer el poder real dentro del PJ es el veterano Martín Fuentes Morales, quien emergió como una figura pública importante en su encargo de legislador local del PRI en el sexenio del gobernador Melquiades Morales Flores.
Un periodo más tarde, en la penosa gestión de “el góber precioso”, Mario Marín Torres, como titular del Poder Ejecutivo, Martín Fuentes Morales tuvo un papel muy decoroso al frente de la Procuraduría del Ciudadano, que es una instancia que tristemente ya desapareció y era una importante opción para la gente pobre que no puede contratar abogados para realizar actos jurídicos.
Fuentes Morales en el sexenio marinista tuvo de compañero en el gabinete estatal a Alejandro Armenta Mier, naciendo una relación que ahora se refleja en su llegada al PJ, en donde actualmente es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Tres son los retos que tendrán Erazo Juárez y Fuentes Morales, en caso de que se cumpla la versión de que serán quienes tomen “las riendas” del Poder Judicial poblano:
Primero: tienen que frenar el alto nivel de influencia y de “venta de la justicia”, que hacen las mafias internas del Poder Judicial.
Actualmente se pueden identificar dos grupos de mucho poder al interior del PJ poblano.
Uno de ellos es la facción que tiene como cabeza al magistrado César Iván Bermúdez Minutti, que influye en togados y jueces para darle “rumbo” a muchos juicios. Este grupo de interés está pugnando por colocar a alguno de sus miembros al frente del Consejo de la Judicatura.
Esta “mafia” nació desde las épocas –en los sexenios de Melquiades Morales y Mario Marín— en que Guillermo Pacheco Pulido –quien fue gobernador interino de Puebla en 2019— fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, en la época en que este cargo era la cúspide del Poder Judicial poblano.
El primer líder de ese grupo de poder de facto fue Alfredo Mendoza y luego le siguió Elier Martínez Ayuso. Ambos ya son magistrado en retiro, pero en su momento de esplendor ellos “dictaban sentencias” o quitaban y ponían jueces, de acuerdo con sus intereses particulares.
Otra “mafia” tiene como nuevo “guía” al recién nombrado magistrado Daniel Iván Cruz Luna, quien hasta la semana pasada se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en el gobierno estatal.
Se dice que su grupo de interés dentro del PJ, que controlaba desde su cargo en el Poder Ejecutivo estatal, cuenta con una veintena de jueces que se dejan “influir” por el ex integrante del gabinete estatal.
Segundo: Fuentes y Erazo tienen que hacer funcional al Poder Judicial poblano, en donde la corrupción y el desorden administrativo son la constante, lo que debería de constituir un asunto de “vergüenza pública” que en los juzgados no hay papelería, tinta para impresoras, agua potable, artículos de limpieza y equipos de cómputo en buen estado.
Esas deficiencias son resultado de “las fugas presupuestales” de quienes han estado en el Consejo de la Judicatura.
Y lo más grave, tales carencias se vuelven en factores que propician la corrupción.
Tercero: que es la tarea más importante, se tiene que transformar el aparato de justicia en Puebla que solo sirve para la población rica y es un flagelo para los pobres del estado, que son la mayoría poblacional.
Si la justicia y la seguridad pública no cambian, en el sexenio que inicia el próximo sábado, el gobierno de Alejandro Armenta y la 4T van a naufragar.
