Este miércoles se podría vivir otro episodio vergonzoso del Congreso del estado, o mejor dicho de los diputados de la 4T, en su afán de solapar los abusos y los incumplimientos de Concesiones Integrales (CI), pese al enorme malestar social por el pésimo servicio de agua potable y el fraude que dicha compañía comete con el saneamiento de las descargas residuales. Los legisladores han citado a los directivos de la empresa para que respondan a múltiples cuestionamientos; sin embargo, los representantes de CI han condicionado su participación como si se tratara de héroes deportivos o figuras importantes de la cultura o el espectáculo.
Luego de muchas resistencias para que se programara esta comparecencia, que en algunos momentos se planteó que ocurriría hasta mediados de 2025, finalmente la presión surtió efecto y se tiene previsto que este miércoles, a las 11 de la mañana, se presenten los directivos de CI y del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), que encabeza Gustavo Gaytán Alcaraz.
El encuentro será en una sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, que preside Guadalupe Vargas Vargas, la dos veces exedil priista de Xicotepec de Juárez, hija del cacique Ardelio Vargas Fosado y ahora conversa a la 4T.
Todo haría suponer que es una reunión normal para que se ventilen todo tipo de quejas y cuestionamientos contra CI, pero es difícil que eso ocurra.
Para empezar, trascendió que, desde el lunes de esta semana, el director general de Concesiones Integrales, Héctor Durán, exigió al Congreso que por ningún motivo los representantes CI quieren toparse con los reporteros de la fuente legislativa.
Como si fuera líder parlamentario, Durán habría dado a conocer que los enviados de la compañía llegarán mucho antes de las 11 de la mañana para no tener la desagradable experiencia de encontrarse a algún periodista o con miembros de los colectivos que han cuestionado los abusos de Concesiones Integrales.
Lo sorprendente es que las palabras de Durán sonaron como órdenes y se ha dispuesto, por algunos de los integrantes de la comisión que encabeza Guadalupe Vargas, que se garantice que a los reporteros no se les deje llegar al salón de sesiones. Que vean la comparecencia desde la transmisión oficial del Congreso local en redes sociales o en el circuito de comunicación interna del Poder legislativo.
Y por si fuera poco, podría darse la posibilidad de que, de última hora, los directivos de Concesiones Integrales no lleguen a la comparecencia.
Esgrimirían el arrogante argumento de que, por tratarse de una empresa privada, no están obligados a responder a un citatorio del Poder Legislativo.
Para que entonces el único que llegue a la reunión sea Gustavo Gaytán Alcaraz, el director del SOAPAP, quien se ha convertido en algo así como un empleado de Concesiones Integrales y por ende su discurso –se anticipa– será decir que todo está perfecto con el servicio, que no hay agua contaminada, que no hay abusos ni incumplimientos de CI.
La 4T, al servicio de Concesiones Integrales
La situación antes descrita viene a constatar que el Poder Legislativo poblano no cumple con su función de vigilar, regular y sancionar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de la concesión del servicio de agua potable que, en el año 2014 se le otorgó a CI, mediante un proceso leonino en detrimento de los ciudadanos del municipio de Puebla.
Desde hace seis años, de manera inexplicable, los legisladores y gobiernos de la 4T se han dedicado a defender “la herencia maldita” que dejó el exgobernador panista Rafael Moreno Valle, en dos aspectos fundamentales: el endeudamiento público por 40 mil millones de pesos y un oprobioso contrato de privatización del agua potable.
Contra estos abusos –en el sexenio que está por terminar– no se ha abierto un solo proceso legal de sanción o un intento de revertir tales excesos.
Lo único que han hecho los diputados de Morena, el PT y el PVEM, en las tres últimas Legislaturas locales, es expresar una falsa preocupación por el mal servicio de agua potable y saneamiento.
Al final, se han convertido en “los escuderos” de Concesiones Integrales, para que la compañía abuse impunemente de los usuarios de la red hidráulica de la capital.
En el arranque de la presente Legislatura local, encabezada por Laura Artemisa García Chávez, se repitió el mismo ciclo de los dos anteriores periodos del Congreso local: los diputados de la 4T primero dicen que están mal las cosas con el servicio de agua potable. Que es necesario sentar en el “sillón de los acusados” a los directivos de CI. Eso ocurrió en septiembre.
Para el mes de octubre se empezó con el tema de que “creo que no se puede” ser tan severos con Concesiones Integrales.
No falta mucho para que salgan con el eterno cuento: nada se puede hacer contra la privatización que impuso el finado Rafael Moreno Valle Rosas, quien seguramente “desde el más allá” se ha de sentir agradecido, emocionado, conmovido, por el papel que juegan los diputados y gobiernos de la 4T en Puebla.
