Con base a las exposiciones que tuvieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, se puede concluir que de los 12 aspirantes que comparecieron para buscar ser el próximo ombudsman de Puebla sólo tres demostraron tener la visión y la capacidad para ese puesto. Ellos son en orden de su buen desempeño: Luis Armando Soriano Peregrina, María Elena Guerrero Flores y Marco Antonio Moreno Rosado. Los demás, en su mayoría, pasaron sin pena ni gloria.
El problema frente a estas comparecencias –realizadas a lo largo de un par de días–, es que es sabido por todos que el Congreso no tomará la decisión en función de la calificación que cada candidato obtuvo en sus presentaciones y en la evaluación de sus antecedentes, sino al final habrá un factor de orden político, que provendrá del círculo cercano al gobernador electo Alejandro Armenta Mier.
Por esa razón desde antes de que desfilaran los 12 candidatos a encabezar –por los próximos 5 años—la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), ya se sabía que la “favorita” en el grupo parlamentario de Morena es la abogada Rosa Isela Sánchez Soya, por su cercanía al equipo político de Alejandro Armenta. Sin importar, que la litigante dejó mucho que desear en su intervención de este miércoles ante el Poder Legislativo.
Literalmente Sánchez Soya se buscó el curso básico de derechos humanos que se enseña en cualquier facultad de Derecho y se puso a explicarlo a los diputados. Exhibiendo su falta de comprensión de la complejidad que implica encabezar la CDH y de la sistemática violación a las garantías individuales, que ocurre a diario, por parte de los gobiernos locales de Puebla y del aparato de justicia del estado.
Si Rosa Isela Sánchez resultara ser “la elegida”, se estaría mandando el obscuro mensaje de que en el siguiente sexenio el respeto a los derechos humanos se quedará únicamente en la parte discursiva, pero no en un intento de cambiar el clima de impunidad y abusos que prevalece en la entidad.
Habría la misma interpretación si se decidiera ratificar a José Félix Cerezo Vélez como presidente de la CDH, pues este personaje literalmente dejó boquiabiertos a la mayoría de los que escucharon a los aspirantes a ser el próximo ombudsman, al haber sido quien tuvo la peor exposición de todos los participantes.
Su intervención fue solo un amontonamiento de datos oficiales de la Comisión de Derechos Humanos, sin poder plantear algo para cambiar el estado permanente de violación a las garantías sociales e individuales.
Los que sí deben quedar
Hace cinco años se anotaron 25 aspirantes a encabezar la CDH y de ellos, los que demostraron ser la mejor opción para ese cargo fueron: María Elena Guerrero Flores y Luis Armando Soriano Peregrina.
Guerrero Flores –en opinión de quienes presenciaron las comparecencias de los participantes— planteó el mejor proyecto para la CDH.
Mientras que Soriano Peregrina era el perfil mejor calificado por su trayectoria de perseguido político, por ser un experto defensor de derechos humanos y su formación académica, aunado a que tuvo una buena intervención ante los diputados.
Pero al final los legisladores de la 4T, obedeciendo una orden salida desde el gobierno del estado, tomaron la peor decisión e ignoraron a los candidatos mejor evaluados, para poner a José Félix Cerezo Vélez que convirtió a la CDH en una oficina burocrática sin ningún alcance en la protección de los derechos humanos.
Un lustro después, se repite la misma historia. De los 12 aspirantes que en la presente edición se registraron, los mejores expositores fueron Luis Soriano y María Elena Guerrero.
Luis Soriano fue el único que planteó un proyecto de ampliar y afianzar las facultades de la CDH, de acuerdo con las necesidades sociales. Expuso que el ombudsman tiene que intervenir en asuntos de dañan al medio ambiente, ya que el final es una trasgresión al derecho fundamental de la sociedad de tener una vida sana.
Y planteó que la CDH debe de trascender y dejar de ser solamente un organismo que emite recomendaciones, las cuales en su mayoría son ignoradas por las autoridades. Es fundamental –expuso— entrar al terreno de la justicia restaurativa, que consiste en plantear políticas públicas para frenear los abusos de autoridades y evitar que se repitan violaciones a los derechos humanos.
María Elena Guerrero Flores demostró una solida formación académica en la defensa de los derechos humanos, con especialidad en la bioética; pero además planteó estrategia para que la CDH realmente sea una instancia con la capacidad de intervenir y frenar abusos. El único problema en su comparecencia es que quiso abarcar mucho y se le agotó el tiempo.
Un tercer actor que brillo es Marco Antonio Moreno Rosado, un destacado activista de los derechos reproductivos y de la diversidad sexual.
En su turno demostró tener una radiografía de la realidad de los derechos humanos en Puebla, como resultado de se amplio trabajo con organizaciones de la sociedad civil. El problema que enfrentaría, en caso de ser el elegido, es que no tiene experiencia en el sector público, que es una condición necesaria para dirigir correctamente a la CDH.
