Vaya coincidencia la que se ha registrado con tres años de diferencia en el municipio de Puebla: en 2021, la edil saliente Claudia Rivera Vivanco le dejó a su sucesor Eduardo Rivera Pérez la cifra de 680 millones de pesos en cuentas bancarias del ayuntamiento de la ciudad. Ahora, en 2024 el alcalde sustituto Adán Domínguez Sánchez le ha dejado casi la misma cantidad –de entre 680 y 690 millones de pesos– al nuevo gobierno encabezado por José Chedraui Budib, pero no en depósitos bancarios, sino como un “un hoyo financiero” que provoca un factor de inestabilidad a las finanzas públicas del municipio.
Tales cifras ponen en evidencia la incongruencia con que se condujo el panista Eduardo Rivera Pérez que, hace tres años llegó por segunda vez al cargo de edil de Puebla bajo el lema “recuperemos el rumbo”, al indicar que el gobierno de su antecesora, la morenista Claudia Rivera Vivanco, había dejado un desastre en el ayuntamiento de la capital y los servicios públicos en el municipio.
Al final se ha impuesto la realidad y queda constancia de que todo fue el revés: Claudia Rivera entregó finanzas sanas y una ciudad funcionando.
Mientras que Eduardo Rivera –por medio del alcalde sustituto Adán Domínguez— ha dejado un “cochinero” financiero y una ciudad con la carpeta asfáltica destruida, docenas de luminarias apagadas, semáforos descompuestos y áreas verdes sin mantenimiento.
Claudia sí dejó dinero en la chequera, Domínguez no
En 2021, cuando concluyó el mandato de la primera edil de Morena en la capital había 680 millones de pesos en los saldos bancarias del ayuntamiento y había un monto de 53 millones de pesos de cuentas que no se habían pagado.
Al final ese esquema le permitió a Eduardo Rivera iniciar su gobierno, entre los meses de octubre y diciembre de 2021, con una liquidez de unos 620 millones de pesos, que era una cantidad aceptable para manejar la Comuna en ese trimestre.
En 2024, Adán Domínguez –cuyo periodo gubernamental terminó el lunes 14 de octubre–no está dejando nada en las cuentas bancarias del ayuntamiento y sólo ha establecido una estimación de mil 800 millones de pesos que se podría recaudar en lo que resta del año, sobre todo por la vía del pago anticipado del impuesto predial.
Y al mismo tiempo, está dejando cuentas sin pagar de hasta 690 millones de pesos –han calculado los regidores de Morena— que compromete las finanzas de la administración del nuevo edil, el morenista José Chedraui Budib.
Una diferencia fundamental: Claudia Rivera dejó cuentas pendientes por pagar, pero el dinero para hacerlo estaba depositado en el banco. No hubo necesidad ni de pedir un préstamo o esperar a que ingresara ese monto por la vía de los impuestos, para saldar los pasivos.
Con Adán Domínguez se está dejando casi 700 millones de pesos de cuentas pendientes, con el pequeño detalle de que ese dinero no lo tiene el ayuntamiento.
Se intentó pedir un préstamo de 600 millones de pesos, con un plazo de 10 años para pagarlo, la cual fue una opción que no se aprobó. Lo que queda esperar, es que la recaudación fiscal –de aquí a fin de año— alcance para cubrir los 690 millones de pesos en cuestión y le de liquidez suficiente al ayuntamiento.
Sin duda alguna hay un esquema básico: Claudia Rivera dejó estables las fianzas municipales y Eduardo Rivera, junto con Adán Domínguez, están dejando inestable el manejo presupuestal.
Las sanciones
Cuando arrancó el gobierno de Eduardo Rivera se escandalizó al señalarse que se habían encontrado “graves anomalías” en las finanzas que había dejado la edil de Morena.
Al final se trató de 23 millones de pesos que no aparecían, que a tres años de distancia esa cifra es “pírrica”, comparado con los 690 millones de pesos del escándalo del “cochinero” de Adán Domínguez.
El faltante de la gestión de Claudia Rivera es menos del 1 por ciento del faltante de Adán Domínguez.
Lo relevante es que al final, se solventaron los 23 millones de pesos que supuestamente no aparecían. Por eso ni la Auditoría Superior del Estado, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni la Fiscalía General del Estado, le pudieron fincar algún cargo a Claudia Rivera o quien fuera su tesorero y secretario de Administración, Leobardo Rodríguez.
Ahora si está planteado un panorama muy obscuro de posibles sanciones para el gobierno que inició Eduardo Rivera y concluyó Adán Domínguez.
Todo apunta a que los 690 millones del escándalo es resultado de tres situaciones específicas:
Primera: se gastó más de lo que ingresó al ayuntamiento.
Segunda: hubo supuestas compras onerosas y nada justificadas, como son 14 millones de pesos en la renta de un helicóptero, 20 millones de pesos en adquisición de drones, 17 millones de pesos en una plataforma de un “hangar virtual”, 50 millones de pesos en “refrigerios”, entre otros rubros.
Tercera: alguien hizo una mala interpretación de la ley y creyó que no había problema en gastar de más, pues se partió de la idea equivocada de que ese dinero se repondría con la recaudación anticipada del impuesto predial, que muchos contribuyentes hacen antes de que inicie el nuevo año fiscal, aprovechando los descuentos que se otorgan por esas erogaciones adelantadas.
El problema, han explicado los que si conocen de finanzas públicas, es que Adán Domínguez no entendió que su gobierno terminó el lunes pasado y él no puede disponer de dinero que apenas va ha ser recaudado, pero por otro gobierno distinto, el de José Chedraui.
En todo caso, tendría que haber existido un acuerdo de cabildo en el cual se estableciera que el dinero del predial que se junte en el ultimo trimestre de 2024 se tenía que destinar al pago de los pasivos por 690 millones de pesos. Esa autorización no existe.
El fondo del asunto es que Adán Domínguez está obligado a dar una explicación a la opinión pública acerca de una pregunta básica: ¿Qué demonios le hizo al presupuesto del ayuntamiento de 2024?
No es una respuesta fácil de contestar porque se presentan las siguientes situaciones críticas:
Se dejó de bachear las calles, de arreglar las áreas verdes, no se pagaron las cuentas de dos meses del alumbrado público y tampoco se compró la gasolina para las patrullas de la Policía Municipal.
Eso quiere decir que se gastó de más, pero al mismo tiempo se dejó de cubrir el gasto corriente, que se supone estaba programado desde inicio de 2024 y no hay una justificación para que falten los recursos económicos.
“Bajita la mano”, se podría fincar los cargos de uso indebido de funciones y desvío de recursos en contra del extesorero municipal Omar Coyópol Solís y contra el excontralor Rubén Ezequiel Islas Contreras. El primero sería por gastar de más y el segundo por no observar ese abuso.
Ambos exservidores públicos ya deberían estar buscando dónde esconderse, si es que no tienen respuestas convincentes sobre el “hoyo financiero”.
