Una joven llamada Socorro Barrera Sánchez fue asesinada a disparos este jueves en un negocio de lavado de autos en Izúcar de Matamoros y su muerte no se puede considerar como un robo más, sino parece ser un crimen de fuertes implicaciones políticas. Resulta que esta mujer era la principal testigo protegida de la Fiscalía General de la República (FGR) para intentar incriminar a la alcaldesa de este municipio, Irene Olea Torres, junto con otros altos funcionarios del ayuntamiento, como presuntos autores de los delitos de tortura y abuso sexual en contra de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.
Socorro Barrera era trabajadora del área de Seguridad Pública en el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros el 10 de marzo de 2023, fecha en que ocurrió la detención ilegal, la incomunicación, la tortura y el abuso sexual contra las periodistas, junto con un grupo de activistas feministas, en los separos de la Policía Municipal.
Se sabe que Socorro Barrera habría ofrecido su testimonio ante la FGR de que las agresiones contra las comunicadoras y las feministas, las podría haber ordenado directamente la edil de Morena o que por lo menos, si habría estado enterada de los delitos en tiempo real, sin hacer nada para frenar la acción ilegal de la policía matamorense.
Por eso Socorro Barrera era la testigo protegida principal del caso, no solo por su testimonio inicial, sin porque se había mantenido firme en declarar contra el gobierno de Irene Olea.
Aparte de ella, hay otras dos personas que se les otorgó el mismo estatus jurídico por parte de la FGR.
La tarde-noche de este jueves, al parecer un par de hombres llegó hasta el lavado de autos en donde laboraba Socorro Barrera y la mataron a tiros.
Se quiere generar la versión oficial de que se trató un robo, pero hay suficientes y contundentes elementos para sospechar que se habría tratado de una ejecución para callar a la principal testigo protegida, luego de que el gobierno de Irene Olea no la pudo silenciar con agresiones policiacas y con el despido del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.
Fue una ejecución, no un asalto
Por lo menos se tienen cuatro indicios que hacen sospechar que la muerte de Socorro Barrera fue una ejecución para que no ratificara su testimonio contra la alcaldesa Olea Torres. Estos son los datos que generan tal suspicacia:
El homicidio ocurre exactamente faltando tres días para la audiencia judicial en donde la FGR va a intentar presentar cargos contra la edil morenista de Izúcar de Matamoros, luego de que este trámite se había pospuesto en dos ocasiones y ahora está garantizado que, si se va a llevar a cabo, luego de que hubo una protesta de mujeres matamorenses exigiendo que ya no hubiera más dilaciones en este proceso penal.
Ya con anterioridad, a principios de mayo pasado, se vinculó a proceso penal a 14 servidores públicos del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros por alterar documentos oficiales para querer ocultar las agresiones contra las activistas y las periodistas.
Entre los implicados están el síndico municipal, el juez de paz y el director de Seguridad Pública, junto con nueve policías. Quienes corren el riesgo de ir a dar a la cárcel varios años si son declarados culpables.
Lo más sorprendente del asesinato de Socorro Barrera Sánchez es que portaba un botón de pánico y se supone que contaba con protección de la Policía Estatal, de acuerdo con el protocolo de testigos protegidos de la FGR.
Por lo que se antoja poco creíble que el homicidio solo fuera obra de dos ladrones comunes.
Un tercer factor es el siguiente: el año pasado, la FGR mandó a un grupo de peritos y agentes federales a realizar un cateo en el gobierno municipal de Izúcar de Matamoros para dar seguimiento a la demanda que presentaron las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López contra la administración de Irene Olea.
Como resultado de esas actuaciones se encontraron grabaciones de videos, rastros de las detenciones ilegales y testigos de los hechos de la noche del 13 de marzo de 2023.
Se sabe que, al paso de las semanas, después de los cateos, se prendieron “las alarmas” en el ayuntamiento matamorense debido a que trascendió la existencia de testigos de los actos criminales contra las comunicadoras.
Hubo una búsqueda desaforada para identificar a los testigos. Cuando se supo que una de ellas era Socorro Barrera, se le echó encima la represión del gobierno de Irene Olea.
Primero la amenazaron con despedirla, como presión para que se desdijera de su testimonio.
Un día la encerraron un grupo de policías y la intimidaron. Se sabe que la agraviada presentó su queja y la ignoró el gobierno local.
Finalmente la acabaron echando de la comuna. Esos son pruebas de que la querían silenciar.
Y un cuarto factor: es que Irene Olea la ha protegido el poder político estatal. Le han querido dar impunidad.
Pero esa protección ya tiene fecha de caducidad: Irene Olea fue repudiada por electorado de Izúcar de Matamoros y perdió las votaciones del 2 de junio. No se pudo reelegir. Por lo que le quedan tres meses en el cargo y el juicio que enfrenta ella, junto con sus funcionarios, va para largo.
Se le acaba pronto la cobertura oficial que le ha dado un manto protector.
Y seguramente esa situación provoca crisis de ansiedad en varias oficinas del ayuntamiento matamorense.
