Atrás del férreo rechazo de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) al proyecto de reforma electoral no solo hay argumentos de orden político, sino se esconden temas de rentabilidad económica que detentan un grupo de familias que han encontrado “formas de vida” a partir de negocios relacionados con centros de atención a la niñez, desarrollos inmobiliarios, contratos publicitarios y tráfico de influencias en permisos y asignaciones de obras públicas y privadas.
Hace unos días, uno de los líderes parlamentarios del Congreso de la Unión asistió a una reunión social en la ciudad de Puebla y con la mayoría de los comensales que cruzaba palabras surgía inevitablemente una pregunta: “¿qué va a pasar con el proyecto de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum?”, a lo que este personaje, con vasos de mezcal en la mano y sin tapujos, contestaba: “así cómo están las cosas, no va a pasar”.
“¿De plano no hay nada que se pueda hacer para que los aliados de Morena acepten la propuesta?”, era una de tantas preguntas que se le formulaban al senador, quien es cabeza de una de las fracciones parlamentarias, a lo que respondía con sutileza, palabras más, palabras menos:
“El proyecto de la presidenta atenta contra las formas de vida de estos partidos políticos”.
Lo interesante es que lo decía en forma de queja hacia la mandataria federal, no como una crítica a los partidos políticos que forman parte del bloque de a 4T y no se han querido sumar a la iniciativa presidencial de reforma política, cuyos votos son necesarios para que se alcance la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Aun así, esa expresión del legislador poblano envuelve la verdadera causa de fondo que lleva al PVEM y el PT a no respaldar el proyecto de cambio de paradigma electoral, ya que las familias que detentan el manejo –desde hace tres décadas– de esas fuerzas políticas al perder control de la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional, también se quedan sin la posibilidad de negociar tratos que terminan en beneficios económicos.
Para nadie es un secreto que toda la estructura política del PVEM descansa en tres familias: los González Torres, los Velasco y los Escobar.
Los líderes políticos que han llevado esos apellidos, en algún momento, se han visto beneficiados con jugosos negocios que se construyen desde el ámbito de la actividad pública.
Por ejemplo, una de esas familias ha expandido importantes desarrollos inmobiliarios en Quintana Roo, el cual es uno de los dos estados gobernados por un mandatario salido de las filas del PVEM, que hizo alianza con Morena.
Otra forma en que esos núcleos familiares se han beneficiados es que, en varios estados del país, sobre todo los que tienen costas y alta actividad turística, el PVEM hace negociaciones para que los titulares de las dependencias del cuidado del medio ambiente y del ordenamiento territorial queden en manos de militantes de dicha organización partidista, que de ecologistas no tienen nada, pero sí son hábiles para traficar permisos de obras públicas y privadas.
Ese tráfico de influencias lo han desarrollado desde que el Partido Verde Ecologista de México era un fiel aliado del PRI y luego del PAN, así como en los últimos años que se volvió un activo de la 4T.
Otra “forma de vida” de los líderes del Partido Verde son los contratos publicitarios de esta fuerza política, que basa mucho su crecimiento electoral en campañas intensivas y bien elaboradas de propaganda que sirven para crear la falsa idea de que el PVEM es una agrupación con mucho interés y sensibilidad en el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal, así como temas de igualdad social.
El fondo de este asunto es que se ha descubierto que algunos dirigentes de dicha agrupación política crean empresas, mediante prestanombres, para que ellos mismos se auto asignen los contratos de la elaboración y difusión de las campañas propagandísticas, que se acaban pagando con cientos de millones de pesos de las prerrogativas que reciben del Estado mexicano.
Por eso no gustó a los dirigentes del “verde”, entre otros aspectos del proyecto de la reforma política, que se reduzca en 25% el financiamiento hacia los partidos políticos, pues eso significa menos contratos publicitarios y, por ende, se ponen en riesgo sus pingües negocios.
En el caso del Partido del Trabajo hay un asunto muy especial que son los llamados Cendis, que son los Centros de Desarrollo Infantil, que se manejan desde una agrupación llamada Frente Popular Tierra y Libertad. Estos lugares sirven para atender a niños desde la lactancia y hasta los 6 años que son hijos de madres trabajadoras.
Sin duda, los Cendis cumplen una gran labor social. Eso no está en duda y se aplaude que existan dichos lugares que ayudan, entre otros aspectos, a la estimulación temprana de los niños atendidos, que es algo vital para su futuro desarrollo.
El meollo del asunto es que, también desde la época de los gobiernos del PRI y el PAN, el PT ha negociado con los gobiernos en turno la construcción y las asignaciones presupuestales de los Cendis, que han estado administrados por la familia de Alberto Anaya, el eterno dirigente de esta fuerza política.
Dichos centros están presentes en 17 estados del país y tan solo, entre 2019 y 2022, tuvieron presupuestos públicos por 3 mil millones de pesos.
A la par han surgido sospechas de que intereses petistas se habrían beneficiado con los contratos de construcción de esos lugares y que, en algunos lugares terminaron en obras inconclusas y lo extraño es que nunca fueron sancionadas las empresas que no terminaron los trabajos.
