Tengo por práctica profesional, desde hace 23 años que publico Garganta Profunda, por respeto a la inteligencia de los lectores, evitar expresiones como “lo dije yo primero”, “como lo adelanté” o “¿se acuerdan que fui el primero en publicarlo?”, pero esta ocasión haré una excepción, copiaré el modelo de otras columnas políticas y escribiré el clásico: “se los dije”.
Y es que los pasados 10 y 15 de enero reporté aquí todos los detalles del dictamen consolidado (oficio número INE/UTF/DA/11907/2023) que presentó la Comisión de Fiscalización al Consejo General del INE, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, correspondientes al ejercicio 2022, y advertí que eran tales las irregularidades que Acción Nacional se haría acreedor a una fuerte multa económica.
Foto: Especial
Y todo como resultado del despilfarro, la pésima gestión administrativa y financiera, y los posibles actos de corrupción en que ha incurrido la dirigente estatal de Acción Nacional, Augusta Valentina Díaz de Rivera, con el manejo del presupuesto asignado mediante las prerrogativas oficiales.
Tras la publicación –que los líderes panistas, en su habitual soberbia, minimizaron– pude acceder a más información, que guardé para mejor momento. Incluso, con el fin de equilibrar dicha información, me reuní con el secretario general del PAN, Marcos Castro, y el contador del partido, Jesús Cortés, pero no me aclararon gran cosa.
Mis fuentes me reiteraron que el cochinero denunciado sí lo era y que la dirigente Díaz de Rivera no tenía modo de solventar ante el INE toda la serie de anomalías.
¿Qué sucedió?
Este jueves, varias semanas después de lo aquí publicado, nos enteramos que la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por votación unánime, aplicó y ratificó efectivamente una multa por 5.4 millones de pesos al PAN poblano por dichas irregularidades.
Durante la sesión, el magistrado Luis Enrique Rivera Carrera, ponente del caso, acusó que incluso el órgano electoral solicitó información adicional para aclarar las observaciones, pero el PAN no respondió o lo hizo, como es su costumbre, deficientemente.
Uno de los puntos que el PAN defendió (o trató de defender) fue la observación 1.22-C5-PAN-PB por 629 mil 268 pesos como resultado de que Acción Nacional no entregó el contrato de la remodelación del edificio sede de la dirigencia estatal, pues aseguró que no existe porque –increíble– se hizo “de forma verbal”.
Otras anomalías detectadas por el INE, aquí publicadas en enero, fueron:
1) Omitió presentar facturas por un monto de 118 mil 356 pesos con 40 centavos.
2) Omitió comprobar gastos por concepto de contratación de audio, video y pantallas, asesorías, estudios y gastos del CDE por un monto de 3 millones 838 mil 061 pesos con 21 centavos.
3) Comprobación de gastos con facturas canceladas y sin comprobar por un monto de 590 mil 319 pesos con 57 centavos.
4) Timbrado extemporáneo de 340 comprobantes (CFDI) por concepto de sueldos y salarios, así como pagos duplicados de sueldos y aguinaldos por un monto de 4 millones 463 mil 888 pesos.
5) Omitió realizar el registro contable de 27 gastos por un monto de 825 mil 751 pesos con 48 centavos.
Todo por un monto de casi 10.5 millones de pesos.
Como lo subrayé entonces: no fueron descuidos o errores aislados…
Se trató de un auténtico desastre administrativo de la dirigente del PAN, que no solo deja mucho qué desear, sino que hace pensar en posibles actos de corrupción.
Ahora el PAN poblano, ¡en pleno proceso electoral!, deberá pagar la multa de 5.4 millones de pesos –como si sobrara el dinero para las campañas, en especial para la de su candidato a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez.
Augusta Valentina Díaz de Rivera tiene una última esperanza: presentar una inconformidad ante la Sala Superior del TEPJF, para ver si ahí le hacen el milagro.
Sí, “se los dije”.
