Tal como se advirtió en su momento, la parte voluble de las campañas electorales de la 4T en Puebla va a ser el excesivo, oprobioso, gasto que ya ejercieron los principales aspirantes morenistas que buscan la candidatura a gobernador. Pero el problema no termina ahí, la situación se podría complicar aún más si empieza a brotar la información de cuáles han sido las fuentes de financiamiento de docenas de millones de pesos que se han utilizado para el proselitismo personal de las llamadas “corcholatas” poblanas.
Al final ha existido un actuar torpe e insensato de los dirigentes locales y nacionales de Morena, de los líderes políticos de la 4T en el estado y, sobre todo, de los suspirantes que quieren gobernar la entidad, porque no supieron frenar esta situación anómala y que puede acarrear un peligroso costo electoral para el Partido de Regeneración Nacional.
Con este gasto desmesurado en propaganda, actos públicos, regalos y equipos de promoción de las “corcholatas”, de manera involuntaria el conjunto de actores principales de Morena en Puebla acabó proporcionando materia prima a la oposición para que pueda escandalizar durante el proceso electoral que se avecina y tenga la posibilidad de judicializar los triunfos de la 4T en las urnas, o incluso echar abajo las candidaturas de los personajes involucrados.
No es un asunto menor, Puebla ya ha pagado un alto costo por este afán de conseguir dinero sin escrúpulos para financiar campañas electorales.
Entre quienes conocen a profundidad los temas de seguridad pública, es un secreto a voces que la actividad criminal de “el huachicol”, es decir, el robo de combustible, se instaló en Puebla por una motivación electoral.
Las mafias que han controlado “el huachicol” –en los últimos 11 años– se habrían acercado –cuentan fuentes confiables y que piden la gracia del anonimato– a la campaña electoral de Rafael Moreno Valle Rosas, a través de una operadora del entonces abanderado panista, y habrían pactado financiar el proyecto opositor, que tenía como meta sacar al PRI del Poder Ejecutivo estatal.
Por eso, en el primer año del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se observó “una limpia” de los grupos que, todavía a una baja escala, robaban combustible de los ductos de Pemex, buscando la discreción, ante todo. Esas facciones criminales eran controladas por el cartel de los Zetas, que ya no estaba en su mejor momento. Fueron echadas del territorio poblano, para abrirle las puertas a otras mafias mejor articuladas.
A partir del año 2012, llegaron a Puebla organizaciones criminales de Michoacán y Jalisco que empezaron a explotar el robo de combustible a escala industrial, sin ningún tipo de precaución y siempre buscando expandir sus áreas de influencia. Todo eso fue posible porque habían comprado “las plazas”, a cambio de presuntamente haber sido aportantes a la campaña electoral de la oposición, de hace 13 años.
Una diferencia sustancial de esa época con lo que pasa ahora, es que en el periodo en que se impuso el morenovallismo y la mayor parte de los 8 años que duró el dominio de esa corriente, nunca hubo en Puebla una oposición que pudiera denunciar, exhibir, perseguir los excesos y delitos que se cometieron por la cúpula del poder político.
Ahora es diferente, hay una oposición encabezada por el PAN que anda cazando cualquier error, exceso, abuso de la 4T para tener sustancia en su lucha por los cargos de elección popular del estado de Puebla que estarán en juego en 2024.
Eso sí, lo hacen como mucha desvergüenza, ya que ahora lo que denuncian es similar a lo que el PAN hizo en el año 2010 en la campaña electoral de Moreno Valle y en otros comicios.
Por ejemplo, en 2018 se incorporó al grueso de los alcaldes –de todos los partidos– a apoyar a la entonces aspirante panista a gobernadora, Marta Erika Alonso Hidalgo, para que aportaran dinero y trabajo político. Todo eso a cambio de que no les fiscalizaran –del todo– sus cuentas públicas.
Eso provocó una ola de descarados ediles que, con toda impunidad, se volvieron “nuevos ricos”, porque sabían que nadie les iba fiscalizar eficientemente su gasto público.
Actualmente ya van dos importantes recuentos –de la oposición– de los límites que han rebasado los aspirantes morenistas:
El de la legisladora panista Ana Teresa Aranda, que se ha concentrado en las actividades proselitistas del señor “Morenacho”, es decir, el diputado federal Ignacio Mier Velazco, al que se le habrían contabilizado más de 500 espectaculares y un gasto superior a los 400 millones de pesos.
Ahora ha surgido un segundo informe, elaborado por el líder panista en la capital, Jesús Zaldívar Benavides, que en el caso de “Morenacho” le ha calculado un gasto adicional de unos 120 millones de pesos, entre los que incluye colocar 500 mil lonas en todo el territorio estatal y tener una estructura electoral de unos 500 operadores.
Este segundo trabajo abarca a otros punteros en la competencia por la candidatura de la 4T: al senador Alejandro Armenta Mier, con cifras mucho menores que Ignacio Mier, pero que aún así es una fuerte suma, al calcularse que su gasto es de unos 90 millones de pesos. Y luego vienen Julio Miguel Huerta Gómez y Olivia Salomón Vibaldo, quienes fueron parte del gabinete estatal.
El meollo de este asunto es que ahora se sepa quiénes dieron todo ese dinero, en donde seguramente aparecerían empresarios que han sido excluidos por la 4T de los jugosos negocios que se hacían al amparo del poder político, de alcaldes que prefieren aportar dinero a campañas electorales que realizar obra pública y personajes que encabezan negocios “oscuros”.
