Un severo problema que enfrenta la actual administración estatal y que explica en parte la permanencia en el gabinete de varios secretarios y funcionarios nombrados por el fallecido gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta son los pliegos de observaciones y solicitudes de aclaración que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo al gobierno del estado por la cuenta pública de 2021.
Dichos pliegos y aclaraciones alcanzan la friolera de 3 mil 187 millones de pesos. El grueso de este monto, 2 mil 478 millones de pesos, corresponde a la auditoría 1404, que se efectuó a las participaciones federales canalizadas a la entidad poblana en el tercer año de gobierno de Miguel Barbosa.
De acuerdo con un gráfico de la propia Auditoría, Puebla se ubicó como la entidad con el tercer mayor monto de observaciones sobre las participaciones federales de 2021, sólo por debajo de Durango y Michoacán, que tuvieron observaciones por 4 mil 425 millones y 3 mil 828 millones de pesos, respectivamente.
Hasta donde se sabe, la ASF ha evaluado que los probables daños o perjuicios a la hacienda estatal, por la falta de documentación comprobatoria que justifique el destino final de las participaciones transferidas por la Federación al gobierno barbosista, ascienden a 350 millones 643 mil pesos.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes no desconoce la magnitud de las irregularidades halladas por el máximo órgano técnico especializado, encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales, de ahí que ha optado por mantener en sus cargos a varios de los secretarios nombrados por su antecesor, involucrados en los pliegos y aclaraciones de esos fondos del ejercicio 2021, antes de nombrar a gente de su entera confianza.
Obvio es que el gobernador Céspedes no quiere asumir los costos de probables daños patrimoniales en los que nada tuvo que ver, ni que los secretarios designados por él tengan que justificar ante la ASF gastos, compras, transferencias y contratos que no aprobaron ni autorizaron.
Un ejemplo son los distintos incumplimientos respecto a la Ley de Disciplina Financiera en el asunto de la transferencia a Accendo Banco por 606 millones de pesos en septiembre de 2021, o los pagos efectuados a mil 762 trabajadores por un monto de 45 millones 258 mil pesos después de que éstos fueron dados de baja.
La solicitud de aclaración de esta auditoría a diferentes disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera tiene un monto observado de 679 millones de pesos.
Otro pliego de observaciones que el Gobierno de Puebla aún no solventa asciende a 593 millones 458 mil pesos. Este se deriva de pagos a 29 mil 580 trabajadores durante el año 2021 por montos superiores al tabulador autorizado de sueldos y salarios.
En el mismo tenor, la ASF también hizo al gobierno estatal observaciones por la auditoría 1399 al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. El monto originalmente observado ascendía a 36 millones 218 mil pesos, pero la Secretaría de Educación aclaró y reintegró a la Federación 11 millones 859 mil pesos, por lo que aún quedan pendientes de aclaración 24 millones 358 mil pesos.
Otras dos cuestiones que la Auditoría requirió al Gobierno de Puebla son los justificantes de un par de reportes del gasto estatal descentralizado, uno por 723 millones 646 mil pesos y otro por 182 millones 693 mil pesos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los capítulos 2000, 3000 y 5000, ya que la documentación que proporcionó para comprobarlos no coincide con el destino final del gasto.
En febrero de este año, la todavía secretaria de Planeación y Finanzas del estado, María Teresa Castro Corro, minimizó las observaciones de la ASF a la cuenta pública de 2021, al decir que éstas sólo representaban 3 por ciento del presupuesto anual de la entidad y su aclaración era una cuestión de “mero trámite”, pues ya se trabajaba en el armado, integración y presentación de los expedientes.
Sin embargo, eso aún no ocurre, lo que ha frenado o retrasado los cambios que el gobernador Céspedes tenía proyectados en su gabinete, y complicado las relaciones de esta administración estatal con actores políticos y secretarios que fueron pieza clave en la gestión de Luis Miguel Barbosa.
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Quitan a Leonor Vargas del DIF y nombran en su lugar a Francisco Álvarez
El viernes 23 de junio fue el último de Leonor Vargas Gallegos como directora General del Sistema Estatal DIF. En su lugar fue designado Francisco Álvarez Arizpe, quien llegó al organismo como jefe de oficina de la presidenta Gabriela Bonilla Parada.
El relevo es significativo, pues Leonor era una de las pocas barbosistas de nivel que se mantenían en la administración del gobernador Céspedes y porque es probable que a su salida comiencen a ventilarse algunos aspectos poco afortunados del recién llegado.
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Párroco de Xaltepec denuncia cobro de moches en Tecamachalco
El párroco de Xaltepec, Marcos Huesca, explotó este domingo contra la policía y las autoridades municipales de Tecamachalco que se han dedicado a extorsionar a los campesinos pobres de la región que tienen necesidad de vender sus productos agrícolas en el tianguis de Huixcolotla.
Según el religioso, las extorsiones son toleradas por el regidor de Gobernación, Mariano Cruz Ramírez, y el edil Ignacio Mier Bañuelos.
La protesta del sacerdote es consecuencia de que el miércoles fue levantado, en pleno centro de Tecamachalco, uno de sus sobrinos de apellidos Huesca Romero.
“No den moches, ni permitan que los policías les quiten sus cargas de cebolla, cilantro, lechugas y demás verduras”, exhortó el párroco a los feligreses de Xaltepec, al tiempo de pedir que si las autoridades de Tecamachalco son incapaces de contener los abusos de los policías y el clima de la violencia en la zona, mejor renuncien.
