Un clarísimo caso que retrata cómo algunas instancias del gobierno del estado no tienen ningún respeto por la ley, ni cumplen con las sentencias que les son adversas, con la complicidad de sus propios funcionarios, es el de Erwin Felipe Bernal Sainos que le ganó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla un juicio por despido injustificado.
Por el fallo emitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo, dentro del expediente 610/2018, la SEP de Puebla fue condenada —el 11 de marzo de 2019— a reinstalar al trabajar como profesor de educación física y a pagarle la cantidad de 1 millón 875 mil pesos.
Dicha cantidad cubre los salarios caídos o vencidos desde su ilegal despido de la secundaria Gustavo Díaz Ordaz el 27 de mayo de 2013, la primas vacacionales y los aguinaldos no devengados, y las cuotas y aportaciones al ISSSTEP.
Una vez que en diferentes audiencias se cuantificó cada uno de los conceptos anteriores y el Tribunal de Arbitraje del Estado requirió a la SEP el monto con que debería indemnizar al profesor Erwin Felipe Bernal, la dependencia se ha rehusado de manera sistemática a cubrir la suma de 1 millón 875 mil pesos.
Desde el 14 de febrero de 2022 hasta ayer martes se han celebrado al menos seis diligencias de requerimiento a la SEP, sin que hasta la fecha haya un compromiso firme de pago.
Sus pretextos, avalados de manera cómplice por los funcionarios del Tribunal de Arbitraje del Estado, incluyendo a su actual presidente Óscar Guevara García, van de lo cínico a lo inaudito, pasando por lo ilegal.
Los apoderados de la SEP han argüido que la dependencia hace las gestiones necesarias para cumplir con lo ordenado por el Tribunal, pero, dicen, se encuentra imposibilitada por “encontrarse en cierre de ejercicio fiscal”, “en auditorías que impiden el manejo presupuestal hasta en tanto y cuanto concluyan éstas”, y ahora —hágame usted el favor— “en periodo de vacaciones”.
Este último pretexto es a todas luces ilegal, pues no hay ninguna ley o disposición que establezca que el Tribunal de Arbitraje del Estado debe supeditarse al calendario escolar o de vacaciones de la SEP.
Lo que sucede en este, como otros muchos casos, es que los tribunales laborales de Puebla no tienen la misión de impartir y administrar justicia, o de garantizar que ésta sea pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitución, sino de escamotear aquellas resoluciones que le sean adversas al gobierno del estado y sus dependencias.
En otras palabras: hágase la justicia en los bueyes de mis compadres.
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Aunque todavía no despacha como secretaria de Cultura del gobierno del estado, Anel Nochebuena Escobar, ya controla la administración y los pagos de la dependencia por medio de la contadora Gisella Parra Rojano.
Ésta, aseguran los enterados, es la avanzada de esta polémica académica, poeta y gestora cultural que trabajó en el sexenio de Rafael Moreno Valle, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura del ayuntamiento de Puebla en la gestión de José Antonio Gali, y como asesora cultural de Sergio Salomón Céspedes en el ayuntamiento de Tepeaca con motivo de los 500 años de la fundación de este municipio.
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Este jueves se presentará el libro “Pahuatlán, la disputa por las identidades”, en la biblioteca pública de este municipio serrano del estado de Puebla.
Será comentado por Miguel Eloín Santos, periodista oriundo de Pahuatlán y fundador de La Jornada; Eduardo Romero Romero, presidente municipal de este pueblo mágico, célebre por sus artesanos otomíes que producen desde tiempos prehispánicos el papel amate; y Ociel Mora, antropólogo, historiador y uno de sus autores del libro.
“Pahuatlán, la disputa por las identidades” es una antología de textos de autores mexicanos y franceses, coordinada por Libertad Mora, maestra investigadora de la BUAP, que explica cómo este pueblo pasó de una institución política prehispánica a una república de indios con la conquista, con su gobernador y cacique, y luego cómo en la independencia, con la aparición del ayuntamiento, los blancos mestizos se apropian de la cabecera, marginando a los indígenas a las comunidades más alejadas.
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