En los corrillos del PRI se cuenta que se ha revivido la posibilidad de “que siempre sí” Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, pudiera ser desaforado como diputado federal para que el presidente nacional del tricolor enfrente tres cargos que le ha buscado plantar la Fiscalía General de Justicia de Campeche relacionados los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable.
Ese cambio, se debe a que en la 4T se considera que el dirigente priista no cumplió con lo pactado: lograr una reforma constitucional para ampliar la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, pues el proyecto legislativo se quedó a medio camino, no pasó la aduana del Senado de la República por la falta de dos votos, que el PRI no pudo conseguir.
Se supone que el acuerdo era lograr la reforma en cuestión en las dos cámaras del Congreso de la Unión y a cambio, se dejaba sin efecto –en la Cámara de Diputados– la solicitud de declaración de procedencia en contra de Moreno Cárdenas y con ello evitar que perdiera el fuero, que le da protección ante los procesos penales que le iniciaron en su tierra natal.
Cuentan que Alito, junto con Rubén Moreira, el coordinador de los diputados federales del PRI, ofrecieron el paquete completo, pues consideraron que varios senadores priistas se ceñirían a la orden del CEN del PRI de apoyar la militarización.
Eso no pasó por el dique que plantó Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación, que no dejó pasar el proyecto legislativo por la oposición del grueso de los miembros de la bancada tricolor en la cámara alta.
Y como no hay reforma, tampoco habría compromiso de desechar la petición de quitarle el fuero a Alito.
Tal situación tiene de cabeza a los priistas, que no saben que derrotero va a tomar el partido de cara a los procesos electorales de los dos próximos años.
En Puebla “la suspensión temporal” que el PAN decretó a la alianza legislativa y electoral con el PRI, sirvió para que los priistas en lugar de desilusionarse, se acabaron empoderando.
En las dos últimas semanas los dirigentes del tricolor han mandado constantes mensajes al edil de la capital, Eduardo Rivera Pérez, y quien en la practica es el líder del PAN en el estado, para advertirle que una ruptura con el tricolor quien más sale perjudicado es el alcalde de la ciudad de Puebla y el albiazul. Sin los votos priistas se diluye la posibilidad de que él y el blanquiazul pueda competir por la gubernatura.
Dicha coyuntura ha servido para replantear lo que el PRI demanda en el hipotético escenario de que se logre rescatar la alianza electoral opositora en Puebla.
El tricolor ha insistido que quiere la candidatura a la alcaldía de la capital, tal como se había pactado entes de los comicios locales de 2021, la cual fue la primera contienda electoral en la que fueron juntos del PRI y el PAN, luego de décadas de rivalidad entre ambas fuerzas políticas.
A lo largo de los últimos seis meses se había venido borrando ese acuerdo del lado del grupo político del PAN que controla el ayuntamiento de la Angelópolis.
En el panismo se empezaba a notar una creciente rivalidad entre el diputado federal Mario Riestra Piña, el regidor José Carlos Montiel Solana, la síndico municipal María Guadalupe Arrubarrena García y el funcionario público Adán Domínguez, por la posible disputa de la candidatura panista a la alcaldía de la capital.
Y esa condición había empezado a generar un fuerte malestar del PRI de sentir que caminaba la alianza electoral con el PAN, pero se soslayaba la propuesta de darle a un líder del tricolor la candidatura de la capital.
Ahora, se vuelve a replantear todo: los priistas –con la ruptura de la coalición opositora—han vuelto al terreno de poner condiciones para buscar una participación conjunta del PRIAN en la elección de 2024.
Dicho de otra manera: los priistas están en la condición de “vender caro su amor” al PAN.
