Por si algo le pudiera faltar a Puebla, dentro del esquema de polarización, en el cual se encuentra inmerso, anote dentro de unos días, la discusión sobre la iniciativa para despenalizar el aborto, que en breve pondrá en la mesa el Congreso local, lo cual puede terminar de fracturar a Morena.
Este es un tema por demás polémico, que no termina por reunir consensos entre los integrantes de la legislatura local, quienes enfrentan diversas circunstancias.
De entrada, el paquete de reformas que permitirían la despenalización del aborto en Puebla dentro de las 12 semanas de gestación lleva más de medio año en espera de ser dictaminado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla.
Las iniciativas no solo legalizarían el aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación, sino que también permitirían permutar la pena de cárcel por trabajo a favor de la comunidad cuando se practique fuera de ese plazo.
Asimismo, garantiza a las mujeres que deseen abortar la posibilidad de realizarse esa intervención en las instituciones públicas de salud del Estado, de “forma gratuita y en condiciones de calidad”.
Esto de acuerdo a lo que presentó en la pasada legislatura, la diputada Rocío García Olmedo, pero ahora, también, hay que esperar a ver qué es lo que presenta la diputada Mónica Silva, presidenta de la Comisión de Gobernación, quien es una mujer sumamente valiosa y quien representa al ala progresista de Morena en el Congreso local.
Puebla hay que reconocer se encuentra dividida en cuanto a este asunto, las posturas están encontradas, entre ángeles y demonios.
Hasta la fecha, el Código Penal de Puebla señala que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y se castiga de uno a ocho años de cárcel, a quien haga abortar a una mujer, mientras que de seis meses a un año a mujer que decida suspender su embarazo.
Lo que se va a discutir no es un asunto menor, y todos los poblanos sabemos de qué se trata.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió un informe basado en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo, en el que señala que las autoridades locales deben atender la no criminalización del aborto.
La información confirmó que al corte de septiembre se han iniciado 547 carpetas de investigación por aborto en el país.
Llamó la atención que este número es similar al que se registró en años recientes, como sucedió en 2015 (544 expedientes), 2016 (562) y 2017 (547). Mientras que en 2018 y 2019 se iniciaron más, con 604 y 717 causas penales por aborto, respectivamente.
Con el inicio de la epidemia por Covid-19, la cifra fue de 633 expedientes que criminalizan el aborto en 2020. Esto significa casi dos al día en promedio.
La Conavim detalló que en 27 estados de la República Mexicana hay 547 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, correspondientes al periodo entre enero y julio del año en curso.
Del total de procesos abiertos, el estado de México encabeza la lista con 124 casos; le siguen Nuevo León, con 95; la Ciudad de México, 69; Tamaulipas, 35; Querétaro 28; Baja California, 27; y Guanajuato, 19.
Mientras que Chiapas, Sinaloa y Jalisco registran siete procedimientos; mientras que Oaxaca y San Luis Potosí, llevan seis; Zacatecas y Tabasco con cinco cada uno; Coahuila, Puebla, Quintana Roo y Guerrero, cuatro carpetas; Chihuahua y Nayarit con tres casos respectivamente.
La gran pregunta es, ¿Puebla ya está preparada para comenzar a discutir en torno a este tema y también, qué va pasar, cuando y después de que se discute este asunto?
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