¿Sabía usted que el extinto gobernador Rafael Moreno Valle también ordenó en el penúltimo año de su gestión (en abril de 2015) la extinción de la Dirección de Vialidad del estado, y que sus 400 elementos se incorporaran a la Policía Estatal Preventiva, y que antes (en septiembre de 2013) dispuso la desaparición de sus 35 delegaciones, y que al final nada de eso se concretó?
Que tras ordenar la extinción de la Dirección de Vialidad, las oficinas e instalaciones de ésta fueron tomadas por el Grupo Delfines, es decir por los integrantes de su equipo de logística y giras.
Y que Moreno Valle, al igual que el actual gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, justificó la desaparición de la Dirección de Vialidad (hoy Policía de Seguridad Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública) en la imperiosa necesidad de acabar con la corrupción de sus agentes y directivos.
El problema de Moreno Valle, que es el mismo que hoy tiene Miguel Barbosa, es que la extinción de la Policía de Seguridad Vial no puede concretarse mientras no exista en la ley una instancia que asuma sus funciones y se encargue de tomar conocimiento de hechos de tránsito y emitir peritajes y dictámenes técnicos sobre accidentes viales, que ameriten la intervención del Ministerio Público por la existencia de daños a las vías de comunicación, pérdidas materiales, heridos o muertos.
¿Si no hay policías viales, qué instancia será la encargada de que se cumpla el artículo 43 de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla que expresamente señala: “Las autoridades de vialidad operativas, en un hecho de tránsito, deberán cumplir con los requisitos que establece el procedimiento de cadena de custodia para los efectos legales a que haya lugar”?
O con el artículo 45 de la misma legislación que dice: “En caso de que las partes no convengan, las autoridades operativas de vialidad, deberán poner a disposición del Ministerio Público a los intervinientes y las unidades vehiculares participantes, y si los hubiera a los terceros involucrados”.
Mientras estas funciones y atribuciones de los policías viales, no sean asumidas por otro cuerpo de seguridad estatal, la decisión del gobernador Barbosa de extinguir la Dirección de Seguridad Vial sólo quedará en buenas intenciones o correr la misma suerte que la incumplida instrucción de Moreno Valle en abril de 2015.
¿O me equivoco?
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