La decisión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de nombrar a Ana Lucía Hill Mayoral como secretaria de Gobernación del estado en sustitución de David Méndez Márquez es todavía un enigma, no sólo por los antecedentes de quien venía desempeñándose —con buenos resultados— como subsecretaria de Protección Civil, sino por el personaje a quien el propio mandatario le encargó la Subsecretaría de Gobierno, Ardelio Vargas Fosado.
Se trata sin duda de un binomio que modificará la actuación de la Secretaría de Gobernación, que en la gestión de David Méndez tuvo un rol secundario, acotado, casi decorativo, al grado de que las acciones más relevantes de esta dependencia ni siquiera salían de su oficina.
A David Méndez le quedó grande la silla que dejó Fernando Manzanilla y ahora para llenarla echan mano de Ana Lucía Hill y Ardelio Vargas sobre quienes hay fundadas dudas de si podrán integrarse y trabajar en equipo, si la titular será una secretaria de Gobernación de adeveras o sólo una cara amable y fresca que sortee los problemas de comunicación e imagen de la 4T poblana, o si el subsecretario de Gobierno será quien realmente lleve los asuntos delicados y estratégicos de la dependencia.
Lo ideal sería que sus talentos y habilidades se complementaran, pero eso dependerá de las instrucciones y responsabilidades que el gobernador les haya asignado a una y a otro. Si las funciones quedaron claras, delimitadas y cada cual actúa en consecuencia, el binomio puede ser exitoso, como bien lo escribió mi colega Xavier Gutiérrez.
De lo contrario, la gobernabilidad y la gobernanza de Puebla podrían verse comprometidas.
Lo que no checa y hasta contradice el discurso barbosista —muy crítico del gobierno de Rafael Moreno Valle y de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en asuntos de corrupción, conflictos de interés, autoritarismo y protección de derechos humanos— son los perfiles y antecedentes tanto de Ana Lucía Hill como de Ardelio Vargas.
La sonorense laboró para el gobierno de Felipe Calderón como directora de Protección Civil bajo las órdenes del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador panista del estado de Jalisco. También para el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, el perredista Miguel Ángel Mancera, como coordinadora general de gabinetes, antes de incorporarse a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y al Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados como asesora en materia de Protección Civil.
No está de más apuntar que Ana Lucía Hill es hermana de Benjamín Hill Mayoral, quien fue titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que además está casado con Alejandra Sota, personaje del primer círculo del ex Presidente Calderón y operadora de medios del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
El currículum vitae de Ardelio Vargas también está estrechamente vinculado a gobiernos del PRI y el PAN, ya fue secretario de Seguridad Pública en el primer tercio del sexenio del gobernador Moreno Valle, y titular del Instituto Nacional de Migración de 2013 a 2018 en la administración de Enrique Peña.
Antes de ser nombrado secretario de Seguridad Pública de Puebla, Vargas Fosado fue acusado por organismos defensores de Derechos Humanos de encabezar agresiones contra movimientos sociales en el municipio de Atenco del Estado de México y en el estado de Oaxaca.
Su fama de duro continuó en Puebla, donde desalojó a 500 campesinos que se encontraban en posesión de un predio de la ex hacienda de Atlamaxac, del municipio de Chignahuapan, a petición de los caciques Lorenzo y Saúl Rivera; por la disolución de una protesta de comerciantes de la zona de la 46 Poniente, que reclamaban en Finanzas el decomiso de mercancía y autopartes supuestamente robadas; por la batalla campal que protagonizó con comerciantes del mercado Jorge Murad, conocido también como «La Fayuca» y por el desalojo de manifestantes de dos cajas de ahorros que protestaban frente a Casa Aguayo para exigir justicia por un fraude millonario del que fueron víctimas.
Su gestión como titular del INM no estuvo exenta de denuncias sobre abusos y maltratos a migrantes, al grado de ser acusado en forma reiterada de criminalizar el fenómeno migratorio y de violentar los derechos humanos de quienes a su paso por México pretendían llegar a los Estados Unidos.
Ambos nombramientos marcan, a juzgar por los antecedentes de la secretaria de Gobernación y el subsecretario de Gobierno, el fin de aquella promesa de todo nuevo, para dar paso a políticos con experiencia y capacidad de trabajar bajo presión y a marchas forzadas, sin importar si son de Puebla o si en el pasado reciente fueron colaboradores o aliados de los gobiernos supuestamente enemigos fe la 4T.
EN CORTO
La excesiva prisa que el gobierno de Miguel Barbosa está mostrando para que el Congreso del estado la apruebe una nueva Ley de Notariado deja dos impresiones: una, que está previendo que podría perder la mayoría Legislativa y de ahí su urgencia porque esta legislación salga cuanto antes; y dos, que su gobierno otorgará nuevas patentes, pero hasta el final de su administración, preferentemente a mujeres.
Sólo así se entiende que el proyecto ni siquiera haya sido puesto a consideración, ya no se diga consensuado o cabildeado, con el gremio notarial, y la prisa por aprobarlo.
La iniciativa se presentó el jueves y este sábado fue aprobada fast track por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
La nueva Ley flexibiliza los requisitos para obtener la patente y disminuye de 50 mil a 20 mil el número de habitantes por notaría, lo que significa que este gobierno podría duplicar el número de notarías existente.
También flexibiliza el número de horas de práctica que los aspirantes deben reunir; la legislación vigente exige 4 horas diarias durante 12 meses de manera ininterrumpida.
La nueva Ley desaparece la figura del notario auxiliar, y pone el acento en la actuación del notario suplente, abre posibilidades para que los fedatarios incumplidos o negligentes sean sancionados por actuaciones irregulares, pero sin fortalecer las instancias encargadas de revisarlos y supervisarlos, lo que abre la puerta a que haya más notarios, pero sin la preparación y experiencia suficientes.
La nueva Ley del Notariado, que pareciera tener dedicatoria para los notarios en funciones, podría aprobarse esta semana, ya sea el martes o el jueves.
Tanta prisa resulta sospechosa.
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Otra que también parece tener prisa es la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, quien pretende participar en la votación donde el Cabildo designará a quien la suceda en el cargo de manera interina.
La Ley Orgánica Municipal prevé que el interino pueda ser nombrado hasta 15 días después de que entre el vigor la licencia del presidente municipal en funciones.
Un grupo de regidores de San Andrés Cholula estaría evaluando sesionar después del 9 de marzo, pero la presidenta municipal y sus regidores aliados estarían pensando hacerlo en cualquier momento, con la participación de Karina Pérez Popoca para que en caso de empate ella pueda con su voto de calidad inclinar la balanza a favor del regidor de Obras, Roberto Maxil Coyopol.
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