Cuitlatlán
Por: Fermín Alejandro García
Unos 250 estudiantes de la Escuela Libre de Derecho no han podido obtener sus certificados de estudios, que es un requisito fundamental para titularse, como consecuencia del burocratismo y los abusos que se cometen en la Dirección de Control Escolar de la SEP a cargo de Petra Llamas García. Este caso es solo es la punta del iceberg de un problema que afecta a cientos de alumnos de educación superior, sin que nadie en el gobierno del estado muestre el más mínimo interés en frenar este conflicto.
Dicho asunto debería ser de la preocupación del gobernador electo Antonio Gali Fayad, ya que amenaza con estallarle en las manos en los primeros meses de su gestión. Se trata de que cientos de alumnos no puede continuar con sus procesos de titulación porque en la SEP hay una funcionaria intocable: Petra Llamas García, quien comete todo tipo de abusos y cuatro titulares y encargados de despacho de esa dependencia no han podido frenar sus excesos.
Tan solo en Zacatlán existe una institución con la carrera de Enfermería que tiene a unos 500 alumnos sin los certificados en cuestión. Y en la ciudad de Puebla son por lo menos una veintena de universidades con esa misma situación.
El conflicto se originó porque Llamas contrató un despacho auditor, que al parecer es propiedad de un alto funcionario del gabinete estatal, que revisa los expedientes y al encontrar el más mínimo error o inconsistencia frena los trámites en proceso, sin buscar una explicación del aparente yerro u omisión.
Dicho despacho desconoce las diferentes tipos de autorizaciones de planes de estudio y posibilidades jurídicas de la educación superior. Por ejemplo a la Escuela Libre de Derecho le frenó los trámites de certificados porque encontró que no tiene el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, mejor conocido como Revoe, pero resulta que esa institución desde hace cinco sexenios funciona con base en un acuerdo que le otorgó el Poder Ejecutivo, lo cual le permite impartir la carrera de Derecho sin la necesidad del Revoe.
El problema de fondo es que Petra Llamas García no dialoga con nadie, no concede audiencias a los rectores de las universidades. Cuando un gestor presenta una queja en la Dirección de Control Escolar tardan 40 días en darle una cita para que exponga su asunto, aparte de que a todo mundo tratan mal, ya que prohíben que en las instalaciones de esa área se entre con teléfonos celulares y la gente es tratada como sospechosa de cometer algún delito.
El inicio del gobierno de Rafael Moreno Valle se caracterizó porque se retrasaron en la SEP un año la emisión de títulos profesionales, porque no sabían con que grado académico los iba a firmar el jefe del Poder Ejecutivo. Luego a mediados de 2015 hubo una obstrucción de la emisión de certificados de estudios provocado por la dirección a cargo de Petra Llamas. Ahora se quiere cerrar el sexenio con la misma actitud negligente.
Si Gali quiere no quiere ganarse la aversión de universidades y cientos de estudiantes, es fundamental que revise la actuación de Petra Llamas.
Se complica el caso de la herencia de José María Cajica
Hace diez años las hermanas Concepción y Margarita Cajica Barragán solicitaron los servicios del prestigiado despacho del licenciado Carlos Meza Viveros, para demandar un juicio de nulidad de testamento de José María Cajica, en contra de la segunda esposa del jurista poblano Georgina Lozada e hijos, quienes al parecer urdieron con un notario público modificar la última voluntad del testador sin su consentimiento. Por lo menos se encontraron 20 causales de nulidad del documento alterado.
El testamento oportunamente fue impugnado por Concepción Cajica, hija del primer matrimonio del otrora poderoso jurista y funcionario público hoy fallecido.
El juicio tardo la friolera de 10 años de permanentes trampas por parte de la segunda esposa y de los descendientes de aquel, Georgina Lozada de Cajica, quien aparecía como “heredera Universal”, y de Gustavo Cajica Lozada, legatario de la inmensa biblioteca y de la imprenta Cajica, especializada en textos de contenido jurídico.
Al parecer la fortuna materia del testamento apócrifo, como posteriormente se demostró en los tribunales federales –resolución inatacable–, contaba con una masa hereditaria de cientos de millones de pesos, que habrán de devolver los perdedores Cajica Lozada y su progenitora, esta última madrastra de las hermanas Cajica Barragán.
Ha trascendido que las accionantes del juicio han logrado una negociación a espaldas del abogado patrono para defraudar sus servicios por más de 10 años, razón por la cual el procedimiento se complica.
Por una parte se iniciará un juicio en contra de las clientas del constitucionalista Carlos Meza, y por otra parte y en ejecución de la sentencia se abrirá el testamento que cobra validez en favor de las Cajica Barragán, se demandará al notario que se prestó a la elaboración del testamente nulificado por las acciones del despacho de Meza Viveros y principalmente, habrá embargos en contra de quienes pretenden no pagar los servicios del abogado patrono.
Las cosas no paran ahí, al parecer en otros procedimientos los jóvenes Carlos Vega Cajica y Salazar Cajic, salieron una joyitas como sus medio hermano y primo respectivamente, pues el primero litiga asuntos con escrituras apócrifas y el segundo las hace, pues hasta ha pasado un rato privado de su libertad.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/09/19/abusos-de-funcionaria-de-la-sep-vuelven-a-frenar-la-emision-de-cientos-de-certificados/
