Lo inaudito de la aprobación –ocurrida el jueves pasado– de 17 Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) para alumbrado público en igual número de municipios es que los diputados, con una “venda en los ojos”, dieron su aval sin conocer los montos específicos de endeudamiento que implicará para cada caso y lo más importante, lo que implica el pago de servicios e impuestos de esos débitos. Algunas estimaciones apuntan a que una de las razones por las cuales se ocultó esa información, es que el costo final que acabarán pagando los ayuntamientos, a lo largo de un periodo de 10 años, será equivalente hasta al triple del crédito que se contrate.
Y según los primeros cálculos que se pueden hacer, es que los ayuntamientos implicados en esta contratación de PPS podrían acabar pagando en conjunto algo así como mil 500 millones de pesos a lo largo de la próxima década, que abarcará los periodos de los próximos tres alcaldes.
Se sabe que el municipio que tendrá el menor crédito ronda más o menos en los 20 millones de pesos, lo cual implicará que los contribuyentes de ese municipio acabarán pagando alrededor de 60 millones de pesos por el PPS destinado a dotar de servicio de alumbrado, mientras que el que tendría un mayor monto, como es el caso del ayuntamiento de Tehuacán, podría adquirir un crédito por el orden de los 100 millones de pesos y acabaría pagando unos 300 millones de pesos con el PPS contratado y avalado por el Congreso.
Ese incremento se debe a algo muy sencillo; en la aprobación que hicieron los diputados la semana pasada se indica que los ayuntamientos se comprometen a pagar los montos de los PPS, así como “el respectivo Impuesto al Valor Agregado, así como accesorios, coberturas y gastos financieros por un periodo de 10 años”.
Con esos rubros adicionales, de los que no se habló cuando se discutió públicamente el tema, los montos de los créditos se podrán incrementar al triple, como parte del pago de impuestos, de los intereses de la banca, los servicios de deuda y seguramente las comisiones de intermediarios.
Los PPS se han manejado por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas como un sistema que permite financiar servicios y la construcción de grandes obras públicas mediante la intervención de empresas privadas, sin que ello implique la adquisición de deuda pública por parte del Poder Ejecutivo o las Comunas.
Sin embargo, especialistas y hasta algunos organismos empresariales han advertido que los PPS en realidad son deudas “disfrazadas”, que en los primeros años no se sentirán sus efectos, pero a lo largo de los años acabarán debilitando las finanzas públicas, tanto del Poder Ejecutivo estatal como de los gobiernos municipales. Al final quienes acabarán soportando la carga mayor serán los contribuyentes.
Una de las razones por las cuales la administración de Moreno Valle presionó al Congreso y logró que los PPS se aprobaran en una sesión extraordinaria es que se vencía el plazo para conseguir que prosperen esos proyectos en las condiciones en que se avalaron.
Se sabe que en enero de 2014 entrará en vigor la nueva Ley de Control de Deuda Pública, y en esa legislación uno de los rubros que se busca acotar es el de los PPS, al establecerse que sí se deben considerar como parte del endeudamiento público de un gobierno.
Y que antes de aprobarse es fundamental medir cuál es el costo financiero que implica la contratación de un proyecto de esa naturaleza.
Esa medición del costo de los PPS es algo que no hizo el Congreso local, en mucho por la apatía de unos legisladores y la complicidad de otros con el gobierno de Moreno Valle Rosas.
En particular llamó la atención el comportamiento de los diputados del PRI, que unos días antes, en acuerdo con la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, habían establecido no aceptar ni los PPS ni la privatización del agua potable, consistente en eliminar la función del Congreso local de regular las tarifas del servicio.
La mayoría de los legisladores estaban en esa sintonía, a excepción de Ernesto Leyva, quien es el coordinador de la fracción, y Lauro Sánchez, el diputado de Tetela de Ocampo, quienes siempre han sido obsecuentes con las barbaridades del gobierno de Moreno Valle.
El día de la sesión, el jueves, al mediodía, se supo que desde la sede nacional del PRI les hablaron a los diputados para pedirles aprobar los PPS. Algunos lo hicieron y otros se excusaron de la votación –lo cual equivale a votar a favor, pero sin estar presentes– y solamente un integrante de la bancada del tricolor tuvo los pantalones de oponerse y fundamentar su decisión.
Ese cambio de rumbo se debe a que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas fue a tocar la puerta de varias dependencias del gobierno federal bajo el argumento de que él está apoyando las reformas del presidente Enrique Peña Nieto –en su calidad de presidente de la Conago– y a cambio pedía que lo respaldaran con los PPS.
Esa petición surtió efecto, ya que los diputados avalaron la iniciativa sin medir cuál va a ser el efecto negativo de su conducta acrítica frente al gobierno de Moreno Valle.
Y eso lleva a un panorama difícil para los contribuyentes poblanos, que tendrán que pagar los costos de los Proyectos de Prestación de Servicios y las nuevas tarifas del agua potable, las cuales se fijarán de acuerdo con las ganancias que quieran tener las empresas que se hagan cargo del servicio.
Por eso el gobierno de Moreno Valle Rosas trajo a los festejos del 15 de septiembre a un parte del elenco del Canal de las Estrellas, para que le gente se entretenga en lo que se da cuenta del costo que sufrirán sus bolsillos por lo aprobado en el Congreso el jueves pasado
