Con la complicidad de los medios masivos de comunicación en Puebla, el gobierno del estado ha echado a andar la maquinaria para privatizar el servicio de agua potable en Puebla, a través del otorgamiento de una concesión a una empresa colombiana.
Olvidando su función social, los medios electrónicos han omitido el tema, defendiendo la operación gubernamental que le entregará a una empresa el negocio del agua.
A los poblanos no se les ha dicho que las malas experiencias en otras ciudades de nuestro país y del extranjero han demostrado la ineficiencia de estas concesiones y los abusos que las empresas cometen en contra de los ciudadanos.
Un estudio muy serio, firmado por Fernando Saavedra, de la Facultad de Latinoamérica de Ciencias Sociales, y publicado en La Jornada, reveló el fracaso de las concesiones de la red de agua potable en los municipios de Aguascalientes, Saltillo, Guadalajara y el Distrito Federal.
En Aguascalientes el municipio concesionó por 30 años —vence en 2023— a una empresa subsidiaria de Vivendi la cobranza, administración, trabajos de rehabilitación y operación de las tuberías de agua potable. Ésta fue la primera experiencia a escala nacional de privatización integral del servicio de agua potable.
Con el paso de los años quedó demostrado el fracaso de este esquema, toda vez que no sólo siguen existiendo problemas de suministro, sino que también se generaron aumentos excesivos en las tarifas, desde el primer año de operación; además de que el tratamiento de aguas residuales no cumple con las normas federales.
Por lo que toca a Saltillo, el manejo del servicio de agua potable lo hace una empresa mixta, en la que actualmente el municipio tiene 54 por ciento de las acciones y el resto es de Aguas de Barcelona, filial del consorcio de la francesa Suez. Aquí se aprobaron incrementos a las tarifas de acuerdo con la inflación, “pero esto no se respeta y se han hecho cobros indebidos; a la población se le corta el servicio con frecuencia y deben pagar una cuota por reconexión que resulta costosa”, indicó Cindi McCulligh, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
En el mismo tenor se han comportado el resto de las empresas internacionales, a las que se les otorgaron sendas concesiones en diferentes municipios del país.
No se trata de jugar al pitoniso ni al fatalista, la experiencia demuestra que en estos casos los únicos que ganan son los empresarios beneficiados por la concesión y los políticos que la entregan a cambio de jugosas comisiones y que, sin excepción, los que pagan estos grandes negocios son los ciudadanos, que se ven obligados a pagar altas tarifas a cambio de un servicio igual de deficiente que el que actualmente tenemos.
Una resistencia internacional
Un lector, que firma como Ciudadano de Puebla, me envió una serie de antecedentes en donde se relata la resistencia de ciudadanos de otras partes del mundo, gracias a las cuales evitaron el otorgamiento de concesiones.
“Arequipa Perú: Junio del 2002 – La empresa Tractebel de Bélgica del Consorcio Suez de Francia, pretendía comprar las dos empresas eléctricas Egasa y Egesur. El pago al Gobierno de ese país fue de U$ 167 millones. Al Presidente Peruano Eduardo Toledo, este contrato casi le costó la silla presidencial, quien después de una semana de marchas de cientos de miles encabezadas por el Alcalde, Juan Manuel Guillén, se disculpó públicamente con la población de Arequipa, después de las protestas de una semana, marchas encabezadas por el Alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén que casi le costaron la silla presidencial. La democracia y el Pueblo Peruano triunfaron con la cancelación de la venta a las empresas.
”Cochabamba. Bolivia, abril 2000: La compañía Bretchel (Aguas del Tunari) de Estados Unidos después de haber comprado propuso subir las tarifas en un 100% en una semana. El proceso de privatización duro dos años, la población se organizó en la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida y anuló la privatización después de casi un año de lucha. Una ley en el Parlamento canceló la venta del agua, aunque ahora la empresa extranjera amenaza con una demanda al Gobierno nacional.
”También los europeos han comenzado a movilizarse frente a esa amenaza, (“LA PRIVATIZACIÓN”) y una iniciativa ciudadana a favor de la consideración del agua como un «DERECHO HUMANO» logró reunir más de un millón de firmas en Madrid, en un referendum realizado el 4 de marzo de 2012, en donde una mayoría abrumadora se opuso al intento de privatización del vital líquido.”
Nuestro lector culmina exigiendo que se haga una consulta ciudadana y exhortando a los poblanos a levantar la voz para evitar que el agua caiga en manos de una de estas empresas.
Lamentablemente, en Puebla la pasividad ciudadana es la conducta reinante.
