Dos de los cinco detenidos por el secuestro y asesinato del ex diplomático italiano Massimo Di Nardo Castellucci, son hermanos de la subdelegada de Procedimientos Penales y Amparos de la PGR en Puebla, María Bueno Páez, llevan por nombre Pedro y Lorenzo ambos de apellidos Bueno Páez y la funcionaria federal los está apoyando en su defensa con cinco abogados e influencias.
De acuerdo con información proporcionada por María Elena González Sosa, esposa del ex diplomático localizado muerto el pasado 28 de agosto en una casa de seguridad del municipio de Saltillo Lafragua, durante el reconocimiento de los plagiarios se enteró que los dos sujetos de nombre Pedro y Lorenzo son defendidos por la funcionaria.
Además de que solicitaron que su hermana llevara el caso, sin embargo aclaró que el personal de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto (DGADAI), les notificó que sólo la podían tomar en cuenta como persona de confianza y que tampoco podrían atender a los cinco abogados.
“No tenía antes los nombres, busqué dentro de los maleantes sus nombres porque oí cuando uno de ellos quería que lo defendiera su hermana María”.
Con la mirada taciturna y la pena de haber perdido a su esposo pese a haber pagado el rescate que solicitaron los secuestradores en dos ocasiones, explicó que ha identificado a tres plagiarios, “a dos por la voz y a uno porque lo vi físicamente como la persona que recogió a mi esposo”.
Seria y solemne, María Elena González Sosa dijo tener miedo de que la funcionaria federal pudiera tomar represalias en su contra mediante el uso de sus influencias, pues aunque los acusados todavía no reciben sentencia ya son confesos, por lo que el caso no puede ser echado abajo, aseguró.
“La DGADAI sigue integrando la averiguación, de forma precisa para que no pueda haber salida y tampoco se pueda agarrar de algún error”.
Lamentó que la subdelegada utilice su cargo para defender a sus hermanos de forma directa, “no entiendo como una persona con una carrera así usa sus influencias para defender a dos asesinos, no he tenido acercamiento con ella, pero creo que es conveniente que se sepa que no se está deslindando ni está pidiendo licencia, al contrario está utilizando todas sus influencias para la defensa”.
Aseguró que por parte de la DGADAI ha tenido respaldo y apoyo en las investigaciones pero por parte de Derechos Humanos hasta el momento no ha tenido contacto y que tampoco han considerado el caso para darle seguimiento.
MOTIVOS DEL SECUESTRO
Con el avance que se tiene hasta el momento de las investigaciones las autoridades determinaron que la fuerte suma de dinero que se pagó en dos ocasiones iba a ser utilizada para apostar en peleas de gallo, “pido todo el peso de la ley para los que no valoraron la vida de una persona tranquila y que no le hacía mal a nadie ni se metía con nadie”.
Reiteró que los sujetos representan un peligro para la sociedad, incluso para sus cinco abogados que por la defensa del caso están recibiendo fuertes cantidades de dinero, “si salen ya saben que su hermana pagó mucho dinero”.
El pasado 5 de julio el ex diplomático avecindado en el municipio de Guadalupe Victoria fue plagiado, por él se exigía la cantidad de 10 millones de pesos, la cual fue cubierta de forma parcial, sin embargo los secuestradores lo asesinaron por temor a que fueran denunciados.
En el operativo que se montó en la región para dar con los responsables originarios de Veracruz y del Distrito Federal se extendió por toda la región hasta llegar a la carretera federal Puebla-Xalapa a la altura del kilómetro 66+995, donde fueron aseguradas las cinco personas relacionadas por el ilícito, quienes se encuentran bajo arraigo.
DGADAI-PGJE
El titular de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto
(DGADAI) de la PGJE, Fernando Rosales Solís, advierte que rechazarían cualquier acto de presión de alguna autoridad federal o funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno a las investigaciones que realizan por el secuestro y posterior asesinato del ciudadano italiano Massimo Di Nardo, ocurrido en el municipio de Guadalupe Victoria, al nororiente del estado.
En entrevista con Milenio Diario, el funcionario estatal aseguró que ante una eventual presión u hostigamiento a cualquier víctima sería constitutivo de un delito y de inmediato efectuarían una investigación de oficio para deslindar responsabilidades.
Empero hizo un llamado a la viuda de Di Nardo presentar la denuncia correspondiente de ser objeto de amenazas y aclaró que difícilmente la presión o influencias de personas relacionadas con los arraigados puede cambiar el rumbo de las investigaciones ministeriales porque hay elementos suficientes para acreditar la participación de los arraigados.
