CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero.- Arely Gómez, Roberto Gil y Manuel Camacho Solís, quienes conforman la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia del Senado, presentaron la iniciativa que cerrará el paso al ejercicio de profesionales no calificados y que generan graves problemas a la población por los errores que cometen.
De esta forma, los médicos, abogados, arquitectos, ingenieros y contadores estarán obligados a certificarse en colegios profesionales para poder ejercer y, en caso de incurrir en comportamientos sin ética o errores graves, serán “boletinados” para que nadie los contrate.
En conferencia de prensa, los legisladores federales aclararon que estos profesionistas deberán enfrentar también las consecuencias penales y administrativas que impliquen su mala práctica profesional.
Roberto Gil Zuarth precisó que se trata de un paquete de reformas, a nivel constitucional y de leyes secundarias, que obligan a la colegiación, para que sean los pares los que regulen el desempeño profesional, pero también para que se conviertan en controladores de sus colegas en el gremio.
Se incluye la certificación que implica la verificación de los programas. Hoy proliferan escuelas patito y la certificación en consecuencia apunta a ir excluyendo del mercado aquellas escuelas que no generan las competencias necesarias para ejercer un determinado servicio profesional.
De alguna manera son mecanismos depuradores del mercado, porque ofrecen información tanto sobre el profesional en lo particular, como también del desempeño de las escuelas y las calidades y competencias que les asignan a sus alumnos”, dijo.
A su vez, la senadora Arely Gómez, quien es la principal promotora de esta reforma, aclaró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantendrá su obligación de certificar a los profesionales, pero ahora se auxiliará de los colegios, a los cuales se les obligará a contar con un Comité de Evaluación, que a su vez será integrado y supervisado por un ente federal para evitar que existan conflictos de intereses en su formación y frente a quienes van a certificar.
Aclaró también que si bien el objetivo de este paquete de reformas no es cerrar universidades patito o perseguir la falsificación de cédulas profesionales y certificados, lo cierto es que la certificación obligará a todos los profesionales de estas carreras a contar con un aval para ejercer; quienes carezcan del perfil profesional requerido o de los conocimientos mínimos, en caso de que hayan comprado su título, no obtendrán la certificación y, por lo tanto, no podrán trabajar.
Gil Zuarth explicó que si un médico de Baja California le deja las tijeras en el cuerpo a un paciente, actualmente puede renunciar a su lugar de residencia e irse a Chiapas, por ejemplo, para ejercer ahí; pero a partir de esta reforma que esperan concretar a la brevedad en el Senado, ese mismo médico será boletinado en su lugar de origen y cuando llegue a cualquier otra entidad, las autoridades locales estarán obligadas a hacer una consulta sobre ese médico y así impedirle el ejercicio de la profesión, por lo ocurrido en su lugar de origen.
Dicha iniciativa está considerada en la mesa de diálogo denominada Pacto en el Senado, para que procesen al menos 79 leyes y reformas, pero desde dentro del Poder Legislativo.
