Decenas de jaladores ofrecen a viva voz sus servicios en la Plaza de Santo Domingo. Ellos se dedican a hacer tarjetas de presentación e invitaciones para fiestas de XV años. También imprimen tesis y certificados escolares.
—¿Qué buscan? —nos pregunta uno de los hombres.
—¿Cuánto cuesta una certificación de estudios?
—¿De qué? ¿Secundaria, bachillerato o licenciatura?
Preguntamos lo mismo por aquí y por allá, a varios jaladores o enganchadores. El costo varía. Entre más lejos de la plazuela virreinal —ubicada a tres cuadras de la Catedral— es más barato.
Andamos un poco, y a unos metros del Nacional Monte de Piedad un joven enganchador confiesa: “Hay todo tipo de precios. Allá —en referencia a los portales— son caros porque siempre hay policía, acá nosotros nos arreglamos. La entrega la hacemos en un despacho que está cerca, no entregamos en vía pública. No falta quien ‘ponga’ a la gente, dan pitazos y agarran al cliente”.
Una cédula profesional puede adquirirse en 900 pesos, no importa la carrera ni la universidad. El título tiene un precio similar. La oferta se diversifica en paquetes: tira de materias, certificado de estudios, título y cédula por 3 mil 500 pesos. Estos mismos documentos, pero en el corazón del área de imprentas, alcanzan los 6 mil pesos o más.
Los portales albergan varios talleres. En un espacio abierto del viejo inmueble se lee: “Se prohíbe utilizar este patio para negociar documentos oficiales falsos. Se consignará a las autoridades correspondientes a quienes los ofrezcan o soliciten”. Es letra muerta.
Justo ahí suele detallarse qué documento conviene al cliente. Los impresores recomiendan no usarlos cuando se busca trabajo en oficinas de gobierno, porque “ahí verifican que sea bueno”. Es más flexible en empresas pequeñas, “pasa rápido, sin tanta traba”, confiesa un impresor de unos 60 años de edad.
Más de la mitad de su vida la ha dedicado a este trabajo: “Diario vienen a preguntar. Aquí damos calidad, queda bien”. Mientras especifica cuánto tiempo demora la elaboración del trabajo, voltea insistente al portón. Se percata de que el jalador siga ahí, que vigile y evite cualquier llegada inoportuna.
Los más falsificados
Enfermería, Medicina y Derecho son las carreras más solicitadas para falsificaciones, de acuerdo con registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La dependencia tiene bajo resguardo 3 mil 147 cédulas apócrifas correspondientes al periodo 2002-2012.
La cifra podría parecer baja cuando los impresores de Santo Domingo comentan que no pasa un día sin que lleguen clientes a preguntar por certificados de estudio. El desempleo, dicen, aumenta la demanda: “Es un fraude, pero es útil”, “ayuda a conseguir chamba”, “saca del apuro”, comentan.
Hugo Talancón, director de Profesiones de la SEP, reconoce la competencia de Santo Domingo: “Los perversos hacen las cosas muy bien, copian hasta los mínimos detalles”. Las falsificaciones son innumerables. “Sí nos llegan permanentemente documentos apócrifos”, admite el funcionario. Aunque la papelería oficial tiene medidas de seguridad, deben reforzarlas de manera constante.
En el caso de la cédula, explica Talancón, hasta 1998 carecía de candados; ahora ya tiene 13, pero la falsificación no para, “aunque son copias muy burdas”.
Guadalupe González Arrieta, perito de la Procuraduría General de la República (PGR), dice que el uso de nueva tecnología permite encontrar todo tipo de falsificaciones, desde burdas hasta muy elaboradas. La Coordinación General de Servicios Periciales donde trabaja cuenta con 25 expertos a nivel central y una treintena al interior del país, quienes se encargan de verificar la autenticidad de documentos cuestionados. Con su dictamen apoyan al Ministerio Público en la integración de averiguaciones previas.
De acuerdo con estadísticas de la SEP, el documento educativo más falsificado es el certificado de bachillerato: de 2002 a 2012 se registraron mil 914 casos. Las instituciones que supuestamente los expiden son escuelas de la SEP (DGETI, DGB, CETIS, CETM, CECYT, CBTA), con 56%; Colegio de Bachilleres, con 14%; Universidad Autónoma de Guerrero, 13%; la Autónoma de Morelos, 4%; la Benemérita Autónoma de Puebla, la Benito Juárez de Oaxaca y la Autónoma de San Luis Potosí, todas con 3%; la Autónoma de Tamaulipas y la Autónoma del Estado de México, con 2%.
Entre las entidades con mayor cantidad de documentos falsos, según la cantidad de alumnos egresados, destacan: Tamaulipas, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Puebla, Michoacán e Hidalgo.
La expedición de la cédula es obligada para 27 profesiones consideradas de alto impacto, aquellas vinculadas a la vida, patrimonio, salud, seguridad y libertad.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en términos legales es forzoso obtener la cédula en todos los programas de estudio superior, pero en la práctica hay disciplinas en las que los egresados comienzan a trabajar sin la necesidad del documento. “Es el mercado laboral el que determina la necesidad o no de la cédula”, especifica el organismo.
Cinco años de cárcel
Los documentos falsos se detectan durante algún trámite oficial o por el reporte de personas que buscan verificar la autenticidad. Cuando la SEP descubre material apócrifo, lo retiene y hace la denuncia ante la Procuraduría General de República (PGR). La producción y el uso de documentos oficiales falsos es un delito que alcanza más de cinco años de cárcel.
Consultada sobre el tema, la PGR argumenta el principio de secrecía de las averiguaciones previas para omitir el número de denuncias presentadas y las consignaciones.
Óscar Montes de Oca, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), explica y da cifras de la problemática. Dicen que la falsificación de documentos involucra a quien lo fabrica y a quien lo usa. En cualquier caso, se multa hasta con 5 mil días de salario mínimo.
La cédula profesional es otro de los documentos más falsificados, junto con la credencial de elector, acta de nacimiento, pasaporte y documentación de vehículos. La incidencia del delito, comenta el funcionario, ha disminuido porque al haber “más controles para autentificar, se reduce la demanda”.
Enumera datos que constatan su dicho: de enero a diciembre de 2010, la PGJDF reportó 597 averiguaciones previas iniciadas por falsificación de documentos, al siguiente año bajó a 535, y en 2012 fueron 428. Es decir, mil 560 en tres años.
La autoridad conoce del delito por denuncia o querella, sin ellas no puede proceder. Realiza operativos ante denuncias u orden judicial. Aún cuando se logra capturar a grupos falsificadores, es difícil comprobarles el delito. Juan Aguilera, abogado penalista, explica: “Ellos tienen abogados, ya se la saben, y muchas veces hasta acusan a los policías de robo o de haberlos golpeado. Salen rápido, no se quedan en la cárcel”.
Según datos del Tribunal Superior de Justicia del DF, de 2011 a agosto de 2013, 47 personas fueron consignadas por falsificación o alteración de un documento público o privado.
Montes de Oca, de la PGJDF, explica que los detenidos tienen derecho a la caución, la mayoría sigue su proceso en libertad. El caso particular del uso de cédulas profesionales falsas es delito federal y corresponde a la PGR darle seguimiento. “Nosotros conocemos del delito, practicamos diligencias básicas y lo enviamos. A ellos compete concluir la investigación”, dice el subprocurador.
De ambulante a economista
En menos de un lustro, el ir y venir por la ciudad cargado con pacas de ropa terminó para Santiago. La monotonía del ambulantaje se desdibujó ante la esperanza de un nuevo trabajo en una unidad de investigación policial. Corría el año 2005 y su rutina dio un vuelco cuando una convocatoria publicada en el periódico llamó su atención. Solicitaban gente para ser policías, él cumplía parte de los requisitos. “¿Por qué no?”, pensó vacilante. El perfil pedía bachillerato como escolaridad mínima. No lo tenía, pero había forma de “acreditarlo” rápido.
En una semana ingresó su documentación y esperó con fortuna. Consiguió el puesto. “No hay revisión rigurosa, cada quien anda en lo suyo”, nos cuenta. Pasaron meses, se habituó al procedimiento de la oficina. Gracias a los horarios corridos estrechó lazos de compañerismo. Alguien le hizo notar: “Si quieres subir y entrar a escalafón, necesitas papeles”. Esas palabras lo ensimismaron, empezó a fraguar: si el “bachillerato” le benefició, bien podría soñar con la “licenciatura”.
Lejos quedó la incertidumbre de la vez primera, dirigió sus pasos a la Plaza de Santo Domingo. Recurriría de nuevo a los servicios de alguno de los talleres ubicados, paradójicamente, frente al edificio sede de la SEP. “Al llegar me preguntaron qué carrera quería. Escogí Economía porque es de esas que la gente no te anda pidiendo asesoría”, menciona. El trabajo de imprenta requirió un par de horas: pagó casi 10 mil pesos por título y cédula.
Al poco tiempo se convirtió en jefe de 25 personas. La suerte fue efímera. En 2010 llegó un nuevo superior, traía su propio equipo. Antes de que revisaran su expediente y lo sometieran a un procedimiento disciplinario, Santiago pidió su baja. Sabía que faltar a la confianza presentando documentos oficiales falsos significaba cárcel.
Evitó el trance. Había ahorrado y con ese dinero se volvió agiotista. “Tuve necesidad de solicitar un certificado de bachillerato, luego de profesionista. Como experiencia tuve, ya lo hice, pero no hay que meterse en estos asuntos porque son muy graves, se pone en juego la libertad”, resume abatido.
“Este caso es como el de miles”, considera Juan Aguilera, abogado penalista. Sabe de lo que habla. Asegura que recibe un promedio mensual de cinco peticiones de apoyo legal, hay años en que ha llevado hasta 120 procesos vinculados a la falsificación de cédulas.
Explica que es un delito a la baja porque hay más métodos para verificar la autenticidad de los documentos. Con todo, “aún hay mucha gente que cae engañada en algún trámite educativo. No falta quien lo haga porque tiene un puesto importante asegurado y cree que no será descubierto. Este problema toca niveles muy altos, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno”.
Gestores y favores
Hace lustros había una figura clave en el proceso de certificación: el gestor. La SEP detectó despachos de gestoría en los que había particulares que hacían trámites y cobraban sumas por encima del costo real.
Talancón admite que estos casos obligaron a reforzar los mecanismos internos: “Las universidades deben acreditar a sus gestores. Tienen que estar en nómina porque la institución responde por lo que hagan. Lo hemos exigido para evitar esos personajes o malas interpretaciones”.
En Santo Domingo hay gente que promete registros válidos de la SEP, otros son menos osados: “Antes sí se podía porque había un muchacho que tenía conectes con funcionarios que se hacían de la vista gorda, pero está entambado y no hay quien haga el enlace”. También cuentan que una mujer llevó el número de cédula de una persona homónima, así pretendía disminuir el riesgo de presentar una cédula falsa.
El abogado Juan Aguilera descarta estas posibilidades: “El proceso de validación de documentos pasa por varias manos, no es posible que obtengan un documento bueno. La gente debe entender que es un engaño. Mi consejo es: no lo hagan. Para qué poner en riesgo su libertad”.
LECCIÓN. Impresores sugieren a sus clientes no usar documentos apócrifos para buscar trabajo en el gobierno; en las empresas privadas “pasan sin trabas”, dicen