La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por unanimidad que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, incurrió en promoción ilegal al difundir referencias a su cuarto informe de gobierno fuera del plazo permitido por la legislación local.
Con esta determinación, el máximo tribunal electoral dio vista al Congreso de Nuevo León para que determine la sanción correspondiente contra el mandatario estatal, así como contra otros funcionarios y concesionarias involucradas en la difusión del evento.
La controversia surgió luego de que un ciudadano denunciara a Samuel García por presuntas violaciones en materia de difusión de informes, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y actos anticipados de campaña, derivado de un evento realizado el 9 de noviembre de 2025 y transmitido en televisión y redes sociales.
De acuerdo con el TEPJF, el gobernador presentó oficialmente su cuarto informe ante el Congreso local el 15 de octubre de 2025, por lo que la difusión legalmente permitida comprendía del 8 al 20 de octubre, es decir, siete días antes y cinco posteriores al acto oficial.
Sin embargo, los magistrados concluyeron que el evento de “rendición de cuentas” efectuado semanas después en el auditorio Showcenter Complex sí constituyó una difusión extemporánea del informe gubernamental.
En el proyecto elaborado por la magistrada Claudia Valle únicamente se acreditó la ilegalidad de la difusión fuera de plazo, mientras que las demás conductas denunciadas no fueron consideradas infracciones electorales.
El Tribunal determinó que no existieron elementos suficientes para acreditar promoción personalizada, actos anticipados de precampaña o campaña, ni contratación indebida de espacios en medios de comunicación, debido a que “no se advirtió alguna intención de posicionar al gobernador frente a una contienda electoral”.
Además del mandatario estatal, la resolución responsabiliza a titulares de la Dirección de Comunicación Social, de la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal y a dos concesionarias de televisión de Nuevo León por la transmisión del material relacionado con el informe.
En otro asunto abordado durante la misma sesión, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar parcialmente las obligaciones de transparencia impuestas a los partidos políticos, tras considerar que algunas medidas excedían lo previsto en la legislación vigente.
Los magistrados validaron únicamente cuatro obligaciones relacionadas con rendición de cuentas sobre recursos públicos, mientras que eliminaron otras vinculadas con directorios de personal, remuneraciones, metas institucionales y gastos de comunicación social, al considerar que duplicaban obligaciones ya previstas en otras normas.
