La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos no ha entregado pruebas que sustenten los presuntos vínculos con el narcotráfico atribuidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por lo que el Gobierno de México mantiene la postura de que no procederá con una detención o extradición sin elementos probatorios.
Durante su conferencia matutina, la mandataria reiteró que la solicitud de detención urgente con fines de extradición enviada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos carece, hasta el momento, de pruebas que acrediten las acusaciones contra Rocha Moya. Subrayó que el Gobierno mexicano no protege a nadie, pero tampoco actuará sin que exista evidencia que sustente los señalamientos.
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Sheinbaum también reveló que la única conversación que sostuvo con Rubén Rocha Moya ocurrió el mismo día en que Estados Unidos notificó la solicitud de detención con fines de extradición, y descartó que exista algún tipo de comunicación permanente o estrategia para proteger al mandatario con licencia.
México insiste en que primero deben presentarse las pruebas
La presidenta recordó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar la información enviada por las autoridades estadounidenses y desarrollar la investigación que corresponda. Sin embargo, enfatizó que hasta ahora Washington no ha aportado pruebas que respalden las acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En semanas anteriores, Sheinbaum había advertido que, si Estados Unidos no entrega los elementos probatorios, el Gobierno de México podría rechazar la solicitud de detención con fines de extradición, al considerar que el procedimiento debe apegarse al tratado bilateral y al marco constitucional mexicano.
El origen del caso
La controversia comenzó después de que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención urgente con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Desde entonces, el caso ha generado un intercambio de posturas entre ambos gobiernos sobre los requisitos legales para atender la petición.
Tras hacerse pública la solicitud, Rocha Moya solicitó licencia al cargo y ha sostenido que permanece en Culiacán, donde ha rechazado las acusaciones en su contra y asegurado que colaborará con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos.
La postura del Gobierno federal
Sheinbaum reiteró que la exigencia de pruebas no constituye una defensa política, sino una obligación jurídica del Estado mexicano y un principio de respeto al debido proceso y a la soberanía nacional. Insistió en que, si existen pruebas, las autoridades actuarán conforme a la ley, pero mientras estas no sean presentadas, el Gobierno mantendrá su posición de exigir que cualquier acusación esté respaldada por evidencia.
