La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche solicitó formalmente el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno, actual senador y dirigente nacional del PRI, por su presunta participación en actos de corrupción y desvío de recursos públicos durante su mandato como gobernador de Campeche (2015–2019).
La solicitud fue entregada el 23 de julio a la Cámara de Diputados y está respaldada por cuatro carpetas de investigación judicializadas. El documento acusa a Moreno de peculado y uso indebido de atribuciones, por un presunto desvío de 83.5 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Las investigaciones revelan una compleja red de corrupción que involucra a al menos 17 personas, incluidos exfuncionarios estatales. Algunos de ellos ya fueron vinculados a proceso y dos colaboran con la Fiscalía bajo criterios de oportunidad.
Uno de los casos más graves apunta a la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, donde prestanombres facturaron servicios inexistentes por 27.2 millones de pesos, utilizando documentos de empleados domésticos. Otro escándalo involucra a la empresa Comercializadora Karybek, originalmente de buceo, que recibió 23.8 millones de pesos en contratos de asesoría sin sustento.
También se investiga la compra encubierta del canal Mayavisión, al que se pagaron 14.1 millones de pesos con fondos públicos mediante contratos sin documentación. La empresa es propiedad de Miguel Ángel N., cercano a Moreno.
Además, el proyecto de la Plaza Colosio, financiado con 18.2 millones de pesos, fue utilizado para beneficiar a particulares, violando su propósito social.
El vínculo con “Alito” es directo: presidía la Junta de Gobierno de la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam) cuando ocurrieron varios de los desvíos.
Hasta el momento, Alejandro Moreno no ha emitido una postura oficial. La Sección Instructora de la Cámara decidirá si procede el desafuero, paso necesario para que el senador enfrente cargos penales.
