El Poder Judicial, en los últimos tres años, ha otorgado la libertad a 72 personas identificadas como líderes o miembros de grupos delictivos dedicados al crimen organizado, lo que ha generado preocupación sobre las decisiones judiciales y su impacto en la seguridad.
De acuerdo con el Universal, entre enero de 2022 y enero de 2025, varios jueces han dictado fallos de absolución, otorgado libertades provisionales y anticipadas, además de modificar las medidas cautelares para individuos acusados de delitos graves como narcotráfico, tortura y secuestro.
Cabe recordar que, el pasado viernes, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la reciente entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos se llevó a cabo ante el riesgo de que estos fueran liberados o recibieran beneficios judiciales que retrasaran su extradición.
En el listado de los 72 liberados se encuentran delincuentes de alta peligrosidad como Inés Coronel Barrera, suegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien obtuvo su libertad anticipada en abril de 2022 por una resolución del juez especializado Fredy L. Portillo González. Coronel Barrera fue condenado a 10 años de prisión en 2017 por delitos relacionados con la salud y portación de armas.
Otro caso es el de Javier Adrián Salazar Ortiz, alias El Barbas, exlíder regional del cártel de Los Zetas. Permaneció detenido en el penal de El Altiplano por delitos relacionados con armas y drogas, pero el 29 de febrero de 2024 fue absuelto por el magistrado Rodolfo Martínez Abarca, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito.
En el listado de liberaciones también aparecen nombres como Sabino Guillermo Flores Conchas, alias Memo; José Antonio Galarza Coronado, El Amarillo; Daniel Ernesto García Ávila, El Tío; Andrés Felipe García Munera, El Colocho; Juan Luis García Ruiz, del Cártel del Mar; Angélica Mora Villalobos, La Gorda, operadora financiera del Cártel Santa Rosa de Lima, entre otros.
La liberación de estas personas ha generado un fuerte debate sobre el papel del Poder Judicial y la efectividad del sistema de justicia en la lucha contra el crimen organizado.