El exministro Arturo Zaldívar es investigado por el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas ilícitas por atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Tras recibir una denuncia anónima el 9 de abril de este año, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, Norma Piña Hernández, ordenó investigar los hechos descritos en la carpeta de investigación J/108/2024.
Esto, al considerar que durante su gestión al frente del PJF, Zaldívar y sus ex colaboradores se confabularon para favorecer “intereses personales y de terceros” mediante la utilización de la estructura organizacional de dicho poder.
Por ello, la ministra Piña, en su carácter de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó iniciar investigaciones contra los ex colaboradores de Zaldívar para determinar si existen elementos suficientes de prueba para iniciar un posible procedimiento administrativo por conductas irregulares.
Entre los asociados de Zaldívar bajo escrutinio se encuentran Netzaí Sandoval, anterior jefe del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y ahora coordinador de ponencias de la ministra Lenia Batres; Carlos Alpízar Salazar, quien fue secretario de Zaldívar; y Arely Gómez, excontralora del poder judicial y recientemente nombrada auditora especial en la Auditoría Superior de la Federación.
Los jueces federales implicados en las acusaciones son Jesús Delgadillo Padierna, Iván Zeferín Hernández y Artemio Zúñiga Mendoza, quienes han estado a cargo de casos de alto perfil como los de Rosario Robles, Francisco García Cabeza de Vaca, Emilio Lozoya y Alonso Ancira.
De acreditarse los hechos por lo que se les acusa, esos servidores públicos serían responsables de atentar contra la independencia judicial, falta de imparcialidad y profesionalismo, cohecho, abuso de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la ley orgánica del poder judicial, la unidad de investigación deberá remitir copia de la denuncia contra Arturo Zaldívar al pleno de la Suprema Corte para resolver sobre posibles faltas administrativas del exministro.
