El robo de gasolinas se castigará hasta con 35 años de cárcel, se acusará de cómplices a los dueños de los terrenos donde se ubiquen las tomas clandestinas y también a quienes compren ese producto robado, de acuerdo con la nueva ley que ayer aprobó el Senado.
La minuta, que fue enviada a la Cámara de Diputados, establece penas de hasta 18 años de prisión a quienes despachen litros incompletos de combustibles.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el robo de hidrocarburos será considerado crimen organizado.
También castiga con cárcel de hasta 40 años y multa de 50 mil a 65 mil días de salario mínimo a quien, por cualquier medio, realice actos de sabotaje.
Sin embargo, aclara que “en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a manifestarse y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”.
Cárcel a quien venda gasolina incompleta
El Senado avala una ley que castiga con 35 años de prisión el robo de hidrocarburos, que incluye al que los compre.
Con la crítica de una parte de la izquierda, el Senado aprobó una nueva ley para castigar con 35 años de cárcel el robo de gasolinas, acusar de cómplice a los dueños de los terrenos donde se localicen tomas clandestinas, a quienes compren el producto robado y para evitar intentos de sabotaje contra instalaciones energéticas, ahora que serán creadas y administradas por el sector.
Además, castiga con 18 años de cárcel a quienes no sirvan litros de a litro del combustible; especifica que se impondrá prisión de 10 a 18 años a quien “permita, colabore para la alteración o altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas o permisionarios, para obtener un beneficio propio o para un tercero”.
La nueva Ley, que fue enviada a la Cámara de Diputados, precisa que se sancionará a quien “enajene o suministre gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición empleados para su enajenación o suministro.
“Enajene o suministre gas licuado de petróleo mediante estación de Gas LP, para carburación, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición empleados para su enajenación o suministro”, ordena.
Castiga con prisión de 30 a 40 años y multa de 50 mil a 65 mil días de salario mínimo a quien por cualquier medio realice actos de sabotaje, pero aclara que “en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a manifestarse y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”.
El dictamen aprobado precisa que el delito de robo de hidrocarburos será considerado como parte del crimen organizado y se castigará con un mínimo de 25 años de cárcel y un máximo de 35 años.
Incluye además que se sancionará de cinco a 10 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo a quien “sin derecho, obstruya o impida en forma total o parcial, el acceso o el funcionamiento de cualesquiera de los equipos, instalaciones o inmuebles afectados de asignatarios, contratistas o permisionarios y otras pertenecientes al ramo de la industria de los hidrocarburos”.
También a quien “sustraiga, dañe o aproveche las estructuras, objetos ferrosos, equipos y medios de transporte propiedad de asignatarios, contratistas o permisionarios destinados a realizar actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos”.
De igual forma, a quien “alerte o realice cualquier tipo de acciones tendientes a obtener información con el propósito de utilizar para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, operación y actividades relacionados con el transporte en cualquier modalidad, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos”.
Contra espías
El dictamen aprobado ayer en el Senado incluye un apartado que castiga el espionaje.
Propone castigar como a otros delitos contenidos en la ley el “proporcionar información o datos sobre el funcionamiento de las instalaciones, de los movimientos de vehículos y personal encargado de la seguridad integral de asignatarios, contratistas o permisionarios”.
Los únicos senadores que votaron en contra de esta iniciativa enviada a San Lázaro fueron Manuel Bartlett, Martha Palafox, Marco Antonio Blásquez, Ana Gabriela Guevara, David Monreal y Layda Sansores, del PT, y el perredista Rabindranath Salazar.
