En México la tortura es generaliza en medio de impunidad, lo que alienta su repetición y agravamiento, destaca Juan E. Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Agrega que la finalidad de la tortura es castigar o extraer confesiones o información, y “hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
Méndez denuncia también que “las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”.
Asimismo, Méndez critica que no se inician investigaciones de oficio, ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas bajo tortura.
Ante esta situación, el relator “recomienda” a México “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.
Méndez pide urgentes reformas legislativas para adaptar la normativa a los estándares internacionales para efectivamente prevenir, evitar, juzgar y castigar todos los actos de tortura o malos tratos. Uno de los actos “urgentes” que México debe emprender es la investigación de todas las denuncias presentadas hasta la fecha, incluidos “los sucesos pendientes de la Guerra Sucia”.
