El último escándalo fue el del Gobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero. Quería endeudar, según documentaron el periódico Reforma y la revista Proceso, con 5 mil millones de pesos adicionales al empobrecido estado, y sólo para “garantizar la transición”. No resistió la presión. Al final, la petición de deuda al Congreso local se esfumó y apareció otra con un monto ridículamente menor.
“Pero seguimos trabajando a pesar de las calumnias, difamaciones que a fin de gobierno son usos y costumbres, pareciera. Alguna vez, aquí, el Gobernador Juan Sabines Gutiérrez –su padre– dejó a sus enemigos y detractores un mensaje. Yo les digo con toda franqueza que está aquí la otra mejilla puesta para seguir luchando por Chiapas. Que Dios lo bendiga siempre a todos los que apoyan y los que no apoyan”, dijo indignado cuando tuvo que recular.
“Yo les digo: ¡que Dios los bendiga!”, insistió en una ceremonia oficial.
La realidad es que perdió la partida. El escándalo se hizo mayúsculo, y tuvo que ceder: estaba pidiendo, para ejercer durante unos meses, una tercera parte de la deuda total que Chiapas tiene en la actualidad. Quería dejar endeudado al estado por un total de 20 mil millones de pesos. El escándalo lo frenó, según documentaron Proceso y Reforma.
Afortunadamente Sabines fue frenado. Desgraciadamente, es la excepción. Distintos gobernadores han aumentado de manera sustancial la deuda pública de los estados bajo su mando, heredando a futuras administraciones un déficit en las finanzas públicas que a veces no deja ni para pagar salarios de empleados administrativos. O les obliga a cortar beneficios sociales, como en el caso de Coahuila.
Mientras alguno de estos funcionarios se puede jactar de contar con pasivos que tienen “buena calificación”, otros están totalmente reprobados en materia de cuidar los recursos públicos. La realidad es que la deuda de los estados está creciendo sin control, a niveles que las mismas agencias calificadoras han lanzado ya varias alertas.
El gran tema es que la fiscalización no funciona: casi siempre, los auditores estatales son nombrados por el mismo Gobernador, lo que le permite evadir la rendición de cuentas.
El 8 de febrero pasado, la agencia EFE informó que el nivel de endeudamiento de los 31 estados y el Distrito Federal creció un 24.1 por ciento en 2011 respecto al año anterior, lo que representó el 2.9 por ciento del producto interior bruto (PIB), según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El año pasado, las obligaciones de los 32 gobiernos estatales ascendieron a 390 mil 777 millones de pesos, por encima de los 314 mil 664 millones de pesos del año anterior, y las deudas continuaron elevándose.
Hace unos días, el 8 de septiembre, el Senado pidió a los 31 gobernadores y al jefe de Gobierno capitalino un reporte detallado de la situación financiera de sus entidades, sobre todo de los “endeudamientos contratados”.
La Cámara Alta también precisó que de diciembre de 2008 a junio de 2012, el saldo de la deuda pública de largo plazo de los estados y municipios se incrementó en 99.1 por ciento, al pasar de 203 mil 70.2 millones a 404 mil 409.5 millones de pesos.
Y apenas la semana pasada, el gobernador Juan Sabines, de Chiapas, intentó endeudar con 5 mil millones de pesos a su estado sólo para “garantizar la transición”.
Pero mientras los gobiernos locales elaboran este informe y los cambios de mandatario tienen lugar en ciertos estados, los endeudamientos continúan estando presentes.
