El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la coordinación entre ambos gobiernos tras la imposición de sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusadas de operar una red de contrabando de combustibles entre ambos países.
A través de un mensaje difundido en la red social X, el diplomático estadounidense aseguró que las medidas reflejan el compromiso conjunto para combatir las fuentes de financiamiento de los grupos criminales y frenar delitos relacionados con el narcotráfico y el robo de hidrocarburos.
“Las sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas al CJNG reafirman el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin al tráfico de fentanilo y a la violencia que generan los cárteles”, escribió.
Asimismo, Johnson afirmó que tanto el mandatario estadounidense como la presidenta Claudia Sheinbaum han dejado claro que quienes obtengan beneficios del tráfico de drogas, armas o combustibles deberán rendir cuentas ante la justicia.
Las sanciones fueron anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mediante una orden ejecutiva orientada a combatir la proliferación internacional de drogas ilícitas y desmantelar las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales transnacionales.
Según la investigación estadounidense, la red adquiría gasolina, diésel y otros derivados en territorio norteamericano para introducirlos ilegalmente a México utilizando documentación aduanera falsa, empresas fachada y maniobras destinadas a evadir el pago de impuestos, lo que presuntamente generaba decenas de millones de dólares anuales para el CJNG.
Entre los sancionados figuran Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por Washington como presunto operador financiero de la organización criminal, y J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por su relación con las compañías Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, que habrían participado en el traslado irregular de combustible desde Estados Unidos hacia México.
De manera paralela, el Gobierno de México ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de los involucrados dentro del sistema financiero nacional, en una acción coordinada con las autoridades estadounidenses para limitar las operaciones económicas de la presunta red criminal.
El caso pone nuevamente en el centro del debate el fenómeno conocido como “huachicol fiscal”, una modalidad distinta al robo tradicional de combustibles que consiste en importar hidrocarburos bajo documentación falsa o clasificándolos como otros productos para evadir impuestos y comercializarlos ilegalmente en territorio mexicano.
Autoridades estadounidenses estiman que estas operaciones ilícitas representan miles de millones de dólares al año y constituyen una fuente importante de financiamiento para organizaciones delictivas.
Las sanciones también se enmarcan en la estrategia impulsada por Washington para combatir al CJNG, organización que el Gobierno de Donald Trump incluyó en la lista de grupos considerados terroristas extranjeros y que, junto con el Cártel de Sinaloa, ha sido catalogada por la DEA como una de sus principales prioridades operativas en la región.
