El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegal la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados o con visas temporales, al considerar que la medida contraviene la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y más de un siglo de precedentes judiciales.
La resolución, aprobada por seis votos contra tres, ratificó que las personas nacidas en territorio estadounidense adquieren automáticamente la ciudadanía, independientemente de la situación migratoria de sus padres, salvo excepciones específicas como los hijos de diplomáticos extranjeros.
El máximo tribunal sostuvo que la orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025 vulneraba la interpretación histórica de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, respaldada desde el histórico caso United States v. Wong Kim Ark de 1898.
Trump critica la decisión y pide una solución legislativa
Tras conocerse el fallo, Donald Trump calificó la resolución como un obstáculo para su agenda migratoria y llamó al Congreso a impulsar cambios legales sobre el tema, al insistir en que la ciudadanía por nacimiento ha sido interpretada de manera incorrecta durante décadas.
El mandatario republicano defendió nuevamente la orden ejecutiva que emitió al inicio de su segundo mandato, argumentando que la ciudadanía debería limitarse a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y no extenderse automáticamente a familias con estatus migratorio irregular o temporal.
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No obstante, especialistas constitucionales han señalado que modificar ese principio requeriría una reforma constitucional o un cambio en la interpretación del propio Supremo, un proceso políticamente complejo y poco probable en el corto plazo.
Una de las principales batallas migratorias del segundo mandato de Trump
La orden ejecutiva, identificada como la Orden 14160 y denominada Protecting the Meaning and Value of American Citizenship, fue firmada el 20 de enero de 2025, el primer día del segundo gobierno de Trump. La disposición pretendía negar la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos ni residentes permanentes legales.
La medida generó una inmediata ola de litigios por parte de organizaciones civiles, grupos defensores de migrantes y más de una veintena de estados, que la calificaron como una violación flagrante a la Constitución estadounidense. Diversos jueces federales bloquearon su aplicación antes de que pudiera entrar en vigor.
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El debate llegó finalmente al Supremo a través del caso Trump v. Barbara, que analizó directamente la constitucionalidad de la orden y terminó por ratificar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en todo el país.
La Decimocuarta Enmienda sigue como pilar del sistema migratorio estadounidense
La Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residen”. Ese principio ha sido interpretado históricamente como la base del llamado jus soli, o derecho de ciudadanía por nacimiento.
Organizaciones de derechos civiles celebraron la decisión judicial al considerar que protege una de las garantías constitucionales más importantes para las comunidades migrantes y evita que miles de menores queden en una situación de incertidumbre jurídica.
El fallo representa uno de los mayores reveses judiciales para la agenda migratoria de Donald Trump y mantiene intacto un principio que ha definido la ciudadanía estadounidense durante más de 150 años.
