El pasado sábado, el Gobierno de Perú arrestó a 193 personas que se refugiaban dentro de las instalaciones de la Universidad de San Marcos. Ahí, el grupo organizaba manifestaciones en contra de la presidenta del país, Dina Boluarte Zegarra. De acuerdo con la Fiscalía de Perú, 192 de esas personas ya fueron liberadas.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Perú, después de haber realizado las audiencias correspondientes y revisar los informes de la policía, se determinó poner en libertad a las 192 personas.
Este grupo de manifestantes corresponde a los miles que se han refugiado en distintos edificios de Lima, capital de Perú, para participar en la movilización en contra de la presidenta Boluarte. Algunos de estos se alojaron en hostales, en dos universidades y en distintos puntos de la ciudad.
Para frenar la realización de más manifestaciones, el Gobierno de Perú decidió, el pasado sábado, irrumpir en el campus de San Marcos, en donde un vehículo blindado derribó las puertas de la universidad. Tras utilizar la fuerza bruta, más de 400 policías detuvieron a 193 personas. El operativo fue criticado por la prensa local.
Familiares de los detenidos protestaron afuera de la Dirección Contra el Terrorismo en Lima, donde fueron encarcelados. Allegados a los detenidos acusan que se planeaba una manifestación pacífica, pero aun así, la policía quiso arrestarlos.
Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, señaló que esta detención estuvo apegada a la ley, ya que se dio en un estado de emergencia, razón por la que no se necesitó la presencia de fiscales para detener a las personas en el interior de la universidad. Esto, luego de que distintos medios y organizaciones acusaran que en el arresto no se respetó los procedimientos legales establecidos por Perú.
Los disturbios en Perú comenzaron el 7 de diciembre, cuando fue destituido el hoy expresidente Pedro Castillo Terrones, tras proclamar un autogolpe de Estado. Ante esta situación, el Congreso nombró a Dina Boluarte como presidenta; sin embargo, la población no está de acuerdo con la designación de la mandataria, por lo que exige la disolución del Parlamento y que se convoque a elecciones para elegir un nuevo presidente.
Investigación preliminar por genocidio
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, acudió a la sede la Fiscalía de la Nación, pues es investigado por el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones calificadas. Delitos que habrían tenido lugar en las distintas manifestaciones en contra de la Presidencia.
El pasado 11 de enero, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, decidió abrir una investigación preliminar en contra de distintos funcionarios a quienes se les acusa de no poder sobrellevar las manifestaciones en el país y en lugar de a sofocarlas, solo han generado violentos enfrentamientos entre la población y las fuerzas federales.
Desde que comenzaron las manifestaciones, la población civil ha denunciado que la policía ha disparado en contra de los manifestantes y ha lanzado gas lacrimógeno para disolver las protestas, entre otras agresiones.
Entre los personajes a los que apunta esta investigación preliminar se encuentran: la presidenta Dina Bouluarte, los ex ministros del Interior Víctor Rojas Herrera y César Cervantes Cárdenas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Ángulo Arana.
El Ministerio Público acusa que los crímenes en contra de la población civil se dieron en las distintas manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023, particularmente en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Por su parte, Alberto Otárola acusó que la fiscalía no tiene el mismo rigor para crear las carpetas de investigación para determinar quiénes son los protestantes que destruyen edificios de gobierno, así como aeropuertos y distintos inmuebles en el país. Aseguró que la Presidencia ha entregado todos los documentos con transparencia y detalló que el uso de la Policía se hizo con apego a la ley.
Señaló que desde el Poder Ejecutivo, se muestran cooperativos para que esta investigación avance, pues aseguró que los distintos niveles de gobierno quieren poner fin a los daños que se han hecho al país, en la economía y, sobre todo, hacia las personas.
