Organismos de seguridad estadunidenses identificaron al empresario brasileño Daniel Fernandes Rojo Filho como “una importante conexión de lavado de dinero para la organización criminal más poderosa de México, el cártel del Pacífico”, indicó InsightCrime, un grupo especializado en temas criminales en América Latina.
InsightCrime precisó que el cártel del Pacífico “parece estar decidido a extender sus tentáculos hacia Brasil”.
De acuerdo con un texto de la agencia de reportajes internet Publica de Brasil, reproducido por InsightCrime, Fernandes Rojo Filho opera desde la Florida una red de empresas ficticias descubierta en 2008 durante una investigación realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según documentos previamente reservados y revelados por el gobierno de Estados Unidos, Rojo Filho y un cómplice identificado como el empresario portugués Pedro Benevides fueron señalados en un informe enviado al Departamento de Estado en 2012 como un “componente financiero del cártel del Pacífico” y acusados por la DEA de conspirar para traficar y distribuir drogas en Estados Unidos.
En la versión de Publica e InsightCrime, Estados Unidos considera que el cártel es el grupo criminal más poderoso del mundo, y su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, es uno de los hombres más buscados del planeta.
A pesar de las acusaciones en su contra, Fernandes Rojo Filho, de 45 años de edad, se presenta como el “canciller de Brasil para Estados Unidos”, desde su base en Boca Ratón, Orlando, desde donde incluso celebra ceremonias pseudoficiales, izando la bandera nacional de Brasil.
A través de su página de internet, Rojo Filho ofrece a los inversionistas estadunidenses oportunidades en proyectos de infraestructura que incluyen la Copa Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, e incluso proyectos con la petrolera estatal Petrobras.
Sin embargo, destacó la información, la oficina de la DEA en Phoenix (Arizona) “cree que él es la cabeza de una compleja red de tráfico de drogas y operaciones de lavado de dinero en Estados Unidos).
Según los registros de la División de Corporaciones de la Florida, entre 2002 y 2008 Rojo Filho comenzó a trabajar con un hombre de negocios de origen español, Germán Cadrona, y Heriberto Pérez Valdés, entre otros, para crear al menos 34 empresas ficticias, incluso en Panamá, Bélgica y la Florida.
Varias de ellas comparten la misma dirección “virtual” y las demás están registradas con la dirección de un motel en una zona turística de Orlando, propiedad de Pedro Benevides, socio de Rojo Filho. Cuentas bancariasabiertas a través de estas empresas fueron usadas para canalizar las ganancias producto del tráfico de drogas, según los documentos.
Confiscación
En agosto y septiembre de 2008, la DEA y el IRS solicitaron a la Corte de Distrito de Arizona aprobar la confiscación de tres cuentas bancarias a nombre de DWB Holding Company, en relación con una investigación sobre tráfico de drogas y lavado de dinero.
El juez dictaminó que había pruebas suficientes para bloquear cuentas hasta por 24.5 millones de dólares en tres bancos.
La compañía presentó una demanda para recuperar el dinero, pero no pudo, y en 2013 fue confiscado por el sistema de justicia.
En octubre de 2009, una investigación de fraude llegó a la Corte de Distrito Central de Florida y “como resultado, el gobierno estadunidense confiscó 56 cuentas bancarias más que habían sido abiertas por Rojo Filho, Pedro Benevides y su red familiar, junto con 294 barras de oro y nueve vehículos de lujo”, indicó el reporte.
Cuatro años después del inicio de la investigación del gobierno de Estados Unidos sobre Rojo Filho y Pedro Benevides, el Instituto de Análisis de la Defensa (IDA, por sus siglas en inglés) publicó el informe Investigación de amenazas financieras: modelo de componentes financieros de la organización criminal transnacional de Sinaloa, encargado por el Comando Norte del Departamento de Defensa.
El documento del IDA, con fecha de abril de 2012, identifica a Rojo Filho, a Benevides y las empresas que crearon y manejaron, como “agentes financieros” del cártel de Sinaloa, que sirvió para estafar a personas.
