El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha recibido durante años informes semanales sobre las operaciones de narcotráfico realizadas en Venezuela, llevadas a cabo bajo control de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el diario español ABC los detalles de esos encuentros, en los que el director de la Inteligencia Militar habría dado cuenta puntualmente a Chávez de cómo se estaba desarrollando el negocio de los estupefacientes, han sido ofrecidos a la Agencia Antidroga estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) por el fugado magistrado venezolano Eladio Aponte.
Un narcotráfico de Estado, dirigido por “narcogenerales” y tutelado por el propio Chávez, y una Justicia amañada tanto para proteger esas operaciones como para montar juicios contra disidentes políticos, es la Venezuela del chavismo cuya realidad ahora emerge ante la descomposición del régimen, según ABC.
Pieza clave de esa utilización de los tribunales para los intereses del régimen fue el juez Aponte, primero como fiscal militar y luego como responsable de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del país. Con Chávez en plena salud, Aponte habría tenido pocas oportunidades de escaparse.
