Caso Maduro: juez Hellerstein rechaza desestimar el caso, pero pone en duda las sanciones

Durante la segunda audiencia celebrada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el magistrado de 92 años, Alvin Hellerstein, fue tajante al responder a la petición de la defensa: “No voy a desestimar el caso”. Los abogados de Maduro y Flores habían solicitado el archivo de la causa argumentando que las sanciones estadounidenses impiden al Gobierno venezolano costear su defensa, violando el derecho constitucional a una representación legal de su elección (Sexta Enmienda).

Hellerstein, sin embargo, reconoció que “el derecho a la defensa es primordial” y cuestionó la justificación de las sanciones en el actual contexto. Señaló que, tras la captura de Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026 y su traslado a EE.UU., ni él ni Flores representan ya una amenaza para la seguridad nacional. El juez presionó a los fiscales sobre si el Departamento del Tesoro (a través de la OFAC) debería otorgar una licencia específica para liberar fondos venezolanos destinados a honorarios legales.

La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, advirtió que sin acceso a esos recursos —bloqueados por las sanciones— Maduro y Flores no pueden pagar a sus representantes elegidos y tendrían que recurrir a un abogado de oficio pagado por los contribuyentes estadounidenses, lo que, según ellos, compromete la integridad del proceso. Los fiscales, por su parte, defendieron las restricciones argumentando intereses de política exterior y seguridad nacional, aunque admitieron que se había otorgado y revocado rápidamente una licencia temporal en febrero.

Hellerstein dejó pendiente su decisión definitiva sobre el financiamiento de la defensa y convocó a una nueva audiencia la próxima semana. No fijó aún fecha para el juicio principal, en el que Maduro enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados con el llamado “Cartel de los Soles”.

Maduro y Flores comparecieron en la sala vestidos con uniformes de prisión y utilizando auriculares para la traducción simultánea. El caso, que se remonta a una acusación inicial de 2020 y fue actualizado tras la intervención estadounidense en Venezuela, continúa su curso pese al impasse financiero.