El secretario de Gobernación del estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, informó que 152 elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula no están regularizados, ya que carecen de la acreditación de los protocolos establecidos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal para desempeñar sus funciones.
En rueda de prensa, el funcionario explicó que San Andrés Cholula no es el único municipio que enfrenta esta situación; sin embargo, reconoció que el caso cobra especial relevancia debido a la polémica generada por la detención de una mujer en dicha demarcación, hecho que derivó en señalamientos por presunto uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiales.
El caso se volvió viral luego de que se difundieran imágenes de la detención de una mujer que se encontraba acompañada de sus hijos. Posteriormente, surgieron videos en los que la detenida aparece con una actitud agresiva y presuntamente bajo los efectos del alcohol, situación que modificó la percepción inicial sobre lo ocurrido.
Pese a ello, Aguilar Pala consideró que los hechos deben ser investigados para determinar si existieron irregularidades en la actuación policial.
“Debe investigarse”, sostuvo el secretario, al señalar que si bien los uniformados enfrentaban una situación de riesgo debido al estado en que se encontraba la mujer, también es necesario analizar si se vulneró la integridad de las personas involucradas, particularmente la de los menores de edad que presenciaron la detención.
En el mismo contexto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, rechazó las versiones difundidas en redes sociales que sugieren que el Gobierno estatal pretende proteger a la mujer debido a presuntos vínculos con grupos delictivos.
“Lo que yo les puedo asegurar es que en nuestro gobierno, desde que llegamos el 14 de diciembre de 2024, hemos atendido frontalmente la corrupción, la delincuencia y a los grupos delictivos en el ámbito de nuestras competencias; las evidencias están plenamente acreditadas”, afirmó el mandatario.
Las declaraciones de ambos funcionarios se producen mientras continúan las investigaciones y el análisis de la actuación de los policías involucrados en un caso que ha generado amplio debate público sobre el uso de la fuerza, los protocolos de actuación policial y la protección de los derechos humanos.
